El Tribunal Supremo pide al Congreso procesar a Laura Borrás (JxCat)

El Tribunal Supremo pide al Congreso procesar a Laura Borrás (JxCat)

En diciembre de 2019, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo abrió una causa contra Laura Borrás, diputada de JxCat en el Congreso de los Diputados. Se la acusa de unos presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Esto corresponde a cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Ahora, el alto tribunal ha decidido tramitar el suplicatorio a la Cámara Baja para continuar con el proceso penal. Las irregularidades, por un importe de 259.863 euros, aparecen en 18 contratos de este organismo, según la instrucción llevada a cabo. Isaías Herrero, un amigo suyo a quien también investiga el Supremo, resultó adjudicatario de esos contratos.

Manuel Marchena, presidente de esta Sala, ha dirigido un oficio al Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, con el fin de que traslade el suplicatorio. De este modo, se podrá proceder contra Borrás. La petición va dirigida a Meritxell Batet, la presidente del Congreso.

Una exposición razonada del magistrado Eduardo Porres, Instructor de la causa, acompaña dicha petición y es él quien ha instado el suplicatorio. Porres citó a la investigada el pasado 14 de febrero en el alto tribunal a fin de que prestara declaración voluntaria. Así lo permite la Ley, pero Borrás eligió no acudir.

Laura Borrás ostentaba la condición de autoridad

Después de un análisis pormenorizado de la instrucción, el juez concluyó que la investigada ostentaba la condición de autoridad en el momento de los hechos. “Actuó abusando de las funciones que legalmente tenía encomendadas”, señala Porres.

La exposición razonada indica que Borrás cometió prevaricación cuando dictó resoluciones. Esto dio lugar a una “omisión injustificada de los trámites esenciales del procedimiento administrativo”. Hasta que pueda ser escuchada, el hecho “carece de toda explicación jurídica y evidencia la exclusiva voluntad de favorecer los intereses” de Herrero.

Asimismo, ocasionó un resultado materialmente injusto. Así, Porres encuentra indicios de malversación, por un valor total que aún no se ha cuantificado, y de fraude administrativo y documental.

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