El Tribunal Supremo le da la razón a los bancos en relación a los gastos de hipoteca

La decisión no afecta a otros relacionados con la constitución de la hipoteca.
Por unanimidad, el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha sentenciado que quien debe asumir el coste del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas es el cliente, el mayor de los gastos relacionados con la constitución de la hipoteca. Algunas audiencias provinciales habían empezado a considerar abusivo que este impuesto corriera a cargo del cliente, bajo el argumento de que el beneficiado de que la hipoteca quedará registrada en el banco y que, por tanto, éste debía ser quien asumiera el impuesto.
Sin embargo, la Sala de lo Civil ha resuelto que la ley establece claramente que es el prestatario, el cliente, el sujeto pasivo. Como criterio general, el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados dice que quien debe pagar es “el adquiriente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”, por lo que, según fuentes jurídicas, debería ser el banco quién pagará el impuesto porque es él quien quiere que el préstamo hipotecario conste el registro de la propiedad, de forma que se pueda hacer valer frente a terceros. Este mismo artículo del reglamento, en cambio, añade que “cuando se trate de escrituras de constitución del préstamo con garantía, se considerará adquiriente al prestatario”, por lo que quien recibe el préstamo es quien debe pagar el impuesto.
Imponer al cliente todos los gastos es abusivo
La Sala de lo Civil del Supremo ya había considerado abusivo que correspondiera al cliente el pago de todos los gastos de constitución de la hipoteca, por lo que se consideran nulas esas cláusulas y serán las entidades financieras quienes deban asumir otros gastos relacionados con la hipoteca, como los de notario o gestoría. El haberse adoptado esta decisión por unanimidad hace poco previsible que tenga posibilidad de éxito en un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE.
Para alcanzar este veredicto, La Sala de lo Civil se ha basado en su propia jurisprudencia acerca de que una cláusula sea abusiva, sin negociación y de manera indiscriminada, para atribuir el pago de los gastos e impuestos al consumidor, lo que provocó una avalancha de pleitos y reclamaciones por parte de asociaciones de consumidores de abogados especializados. Hay que tener en cuenta que la formalización de una hipoteca media, de unos 150.000 euros, suponen unos gastos cercanos a los 3.000 euros, una cifra suficientemente llamativa para reclamar por vía judicial la nulidad de estas cláusulas.
Cabe decir que el TJUE ha corregido con anterioridad al Supremo en temas hipotecarios. De ahí que la sentencia, en esa ocasión no unánime, del Pleno que poco antes rechazaba entender abusivo ligar el préstamo al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, IRPH, haya sido llevada ya por diversos juzgados ante el TJUE. En cambio, respecto a esta última decisión, la solución no parece estar ante el tribunal de la UE, sino en cambio legislativo, algo que el PSOE tiene previsto llevar al Congreso próximamente.