El Tribunal de Cuentas insiste en que los 34 excargos de la Generalitat investigados depositen la fianza de 5,4 millones de euros que reclama. Es más, considera que el plazo de 15 días que les concedió, que vence el miércoles, para ello es tiempo suficiente para reunir la cantidad.
Así lo determina la delegada instructora Esperanza García Moreno. En una providencia señala que ese plazo es “superior al de diez días hábiles otorgado con carácter general”. Por tanto, es “razonable y suficiente para proceder al afianzamiento” que se apuntó.
No obstante, cabe recurso contra esta resolución del 15 de julio ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas en un plazo de cinco días hábiles. Sin embargo, no implica la suspensión de las actuaciones.
Puesto que el plazo empieza a correr desde el momento de la notificación, que se hizo este lunes, el plazo para recurrir acaba el viernes.
Entre esos 34 excargos se encuentran Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. El órgano fiscalizador reclama 5,4 millones de euros por responsabilidad contable por un supuesto uso irregular de fondos para el Diplocat.
El Tribunal de Cuentas procederá a embargar
Si no depositan las fianzas, según la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas se podría proceder al embargo de bienes.
Por su lado, la Generalitat aprobó el pasado 6 de julio la creación de un Fondo Complementario de Riesgos dotado con 10 millones de euros.
Dicho fondo, de dinero público, actuaría como contraaval del aval que presentara una entidad financiera para cubrir las posibles responsabilidades y reclamaciones judiciales.
Corresponderá a la instructora decidir si sale bien la jugada de la Generalitat. Además, aunque el Govern no coincide con ello, la Generalitat figura como perjudicada en el acta de liquidación provisional.
Entretanto, llegó al Tribunal de Cuentas el recurso de la defensa de Puigdemont, que solicitó la anulación de la caución. Argumentó que su defendido “tiene reconocida la inmunidad como europarlamentario”. Según la defensa del ex president, dicha inmunidad “alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluido” el órgano fiscalizador.
No obstante, si no fuera concedida la anulación, pidió que se ampliara el plazo y que se aclarara cómo se determinaron los importes reclamados.