Hasta 5,42 millones de euros ha ordenado el Tribunal de Cuentas que cerca de 40 ex altos cargos independentistas depositen bajo pena de embargo.
Así ha informado Esperanza García, delegada instructora del organismo fiscalizador, a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, Artur Mas o Raül Romeva, entre otros.
Deberán reunir esa cantidad para depurar su responsabilidad contable por los fondos desviados en la red exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017.
Es la mayor exigencia de depósito impuesta por el Tribunal de Cuentas a los responsables del proceso independentista catalán. Anteriormente, el organismo fiscalizador impuso a Artur Mas y sus colaboradores que devolvieran 5,2 millones de euros por la consulta ilegal del 9-N de 2014.
A su vez, el año pasado, requirió a Puigdemont y su equipo para que depositaran 4,1 millones por el referéndum ilegal del 1-O de 2017.
Por tanto, ayer se entregó a los supuestos responsables el Acta de Liquidación Provisional resultante de la instrucción. El Tribunal de Cuentas concluye que se desviaron 5,15 millones de euros, a los que se suman alrededor de 300.000 euros en intereses.
Mas, Puigdemont y Junqueras son a los que más importe se les reclama, 2,8 millones y dos millones, respectivamente. Sin embargo, la responsabilidad es solidaria, por lo que deberán afrontar el depósito de manera única. También, en función del tiempo en el ejercicio de sus cargos.
Pero no son sólo ellos, sino aquellos cargos con responsabilidad sobre Hacienda. De ahí que la reclamación se extienda a, por ejemplo, Andreu Mas-Colell, ex conseller del ramo, al que se le ordena un depósito de más de 2,8 millones.
Asimismo, a Albert Royo, ex secretario general de Diplocat, cuya notificación le exige 2,6 millones. Mireia Vidal, ex interventora general de la Generalitat, deberá afrontar 3 millones. En total, los mencionados 40 ex altos cargos.
Tras las alegaciones, el siguiente paso es el enjuiciamiento. Entonces se tomará la decisión final de si deben devolver el dinero o si se archiva la causa al entender que no tienen responsabilidad contable.
Precisamente, la retirada de estos expedientes abiertos es una de las exigencias de ERC y ha sido comentado por varios ministros de Pedro Sánchez.