“Absoluta falta de control” además de irregularidades en la contratación de los servicios de informática del IMSERSO es lo que pone al descubierto el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre la situación de la dependencia en España. Un asunto sobre el que también investiga la Fiscalía Anticorrupción desde finales de 2018.
El documento del organismo fiscalizador va desgranando decenas de decisiones que se adoptaron entre 2012 y 2018. Perjudicaron al erario público y contribuyeron a que el sistema de dependencia fuera mal gestionado.
Tanto a César Antón como Carmen Balfagón, ex directores del IMSERSO nombrados por el PP, firman los contratos analizados. El Tribunal de Cuentas examina tan solo las licitaciones vinculadas al Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sisaad). Esta es la base de datos de todas las prestaciones de dependencia.
De acuerdo con las conclusiones del organismo fiscalizador, podrían haberse cometido varios delitos. Sin embargo, no los califica puesto que el informe tan sólo se refiere a cuestiones de contratación administrativa. No así la investigación de Anticorrupción, que es más amplia, y que analiza otros contratos informáticos hechos en esas fechas.
De hecho, ya ha pedido información acerca de las personas que podían tomar decisiones en cuanto a contratación en el IMSERSO.
Lo que el Tribunal de Cuentas examina son los diferentes y sucesivos contratos a partir de 2012 para el mantenimiento y desarrollo del sistema de información Sisaad. Éste arrancó en 2007 con un coste de 37 millones de euros.
Cinco años después se desarrolló una nueva aplicación informática para enmendar las deficiencias del primer sistema. En 2016, se desarrolló un tercer programa informático.
Tres aplicaciones que no han servido para una buena gestión del IMSERSO
Así las cosas, el organismo fiscalizador subraya en su informe que ni se rentabilizó la “importante inversión previa” ni la necesidad de las nuevas aplicaciones.
Aunque el Tribunal de Cuentas no menciona los nombres de las empresas implicadas, amparándose en la ley de transparencia, El País accedió a los contratos.
A mediados de marzo de 2012, la “empresa número 6”, Virtual Desk, recibió el encargo de examinar si resultaba más rentable modificar el Sisaad o desarrollar un nuevo sistema. La compañía aconsejó lo último.
Por tanto, la entidad responsable de gestionar los servicios sociales complementarios de las prestaciones del sistema de Seguridad Social tomó la decisión de licitar los diferentes subsistemas de la aplicación en siete contratos.
Hizo, según el organismo fiscalizador, “uso recurrente” de la “posibilidad excepcional” de limitar la solicitud de la oferta a un mínimo de empresas. Según el Tribunal, de este modo se “minoró la mayor concurrencia aquí hubiera posibilitado la tramitación de un procedimiento abierto”.
De hecho, hasta seis de los siete contratos fueron adjudicados a una sola empresa, Informática El Corte Inglés (Iecisa), la “empresa número 4”. A su vez, ésta subcontrató a otras, entre ellas, la mencionada Virtual Desk. Sin embargo, el IMSERSO desconocía, como así lo admitió, qué parte del trabajo se subcontrató.
Tal es así que los actuales responsables de la entidad gestora reconocen que no tienen documentación del contrato de asesoría. En consecuencia, el Tribunal sugiere que esa falta de documentación podría “ocultar la verdadera finalidad que la ejecución de ese contrato posibilitaba”. Ésta “no era otra sino la de acceder al código fuente del primer Sisaad”, que había desarrollado Accenture.
De este modo, la sustituiría el desarrollo y mantenimiento, como así sucedió puesto que fue subcontratada recurrentemente.
El reparto de contratos pudo estar “previamente acordado”
Vistas las cosas de este modo, el organismo fiscalizador entiende que “existe un elevado riesgo” de que “previamente” se hubiera acordado el reparto de contratos entre Iecisa, Tecnologías Plexus y Virtual Desk. Igualmente, entre estas empresas y el propio IMSERSO, “adulterando”, así, “el procedimiento de contratación pública”.
Se da la circunstancia de que Iecisa sea figuraba entre las compañías susceptibles de licitación, pero no Plexus ni Virtual Desk. Sin embargo, la primera subcontrató a la segunda, y la segunda a la tercera. Además, no puede constatarse que se informara al IMSERSO que ese extremo.
El Tribunal de Cuentas señala que el desarrollo de los sus sistemas del segundo Sisaad tuvo un sobrecoste de 1.688.115 euros. Todo pudo haberse incluido en un solo contrato. Además, se pone en cuestión lo idóneo de llevar a cabo dichos contratos al no existir uno previo.
En ese contexto, José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, afirma que estas supuestas “corruptelas” descritas en el informe afectaron a la gestión de la dependencia.
Ramírez asegura que “entre 2012 y 2018 se gastaron 17 millones en todos estos contratos”. “Lo más grave es que, encima, el sistema no funciona, lo ha servido para nada”, agrega.
A todo ello hay que añadir que el organismo fiscalizador concluye que existió falta de planificación, que no se evitó “duplicar costes” y que hay falta de información. La argumenta, por ejemplo, que no constan los nombres de los trabajadores externos que iban a la sede del IMSERSO.
Así fue durante cuatro meses y medio “sin amparo contractual”, según el Tribunal. Esto vulnera la normativa en materia de contratos y “puede suponer una grave conculcación de la Ley Orgánica de Protección de Datos”, sentencia.