José Luis Trapero, ex mayor de los Mossos d’Esquadra, afronta hoy el inicio del juicio por un supuesto delito de rebelión, con una petición de la Fiscalía de 11 años de prisión. Lo acompañan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional Pere Soler, César Puig, ex jefes de la policía autonómica, y Teresa Laplana, intendente.
Esta última está acusada de un delito de sedición y podría recibir una condena de cuatro años de cárcel. No obstante, todo podría cambiar para los cuatro tras la sentencia del 14 de octubre del Tribunal Supremo y que los fiscales modifiquen sus conclusiones en este primer día.
El Ministerio Público mantuvo hasta el mismo día en que se hicieron públicos sus escritos de acusación el mismo criterio. Tanto para los líderes del procés como para quienes hoy se sientan en la Audiencia Nacional. Que lo sucedido en el otoño de 2017 en Cataluña fue un delito de rebelión.
El juicio en el Supremo se celebró un año antes debido a la carga de trabajo en la Audiencia e hizo que sus conclusiones fueran pública tres meses antes. El alto tribunal que juzgó a los líderes del procés se inclinó por la tesis mantenida por la Abogacía del Estado: hubo sedición y no rebelión, como sostenía la Fiscalía.
Publicada la sentencia, todos miraron hacia el Ministerio Público de la Audiencia Nacional y a María José Segarra, entonces fiscal general del Estado. En cambio, ninguno desveló cuál será la acusación que presentarán en este juicio que hoy arranca.
Así las cosas, la defensa de Trapero pidió en un escrito que la Fiscalía dejara claro cuáles serían los términos de sus conclusiones provisionales. En cambio, lo que dejó claro el Ministerio Público es que tendría en cuenta las “reflexiones y decisiones” del Supremo. Si hubiera alguna modificación, se sabría una vez empiece la vista oral.
Cooperaron decisiva y conscientemente
La Fiscalía sostiene que los cuatro acusados cooperaron de manera “decisiva, consciente e intencionada” con los líderes soberanistas. Y lo hicieron en los hechos del 20 y 21 de septiembre de 2017 frente a la Consellería de Economía de la Generalitat y durante el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Promovieron, dice el Ministerio Público, la “inacción y dejación de funciones” de los Mossos para permitir a los líderes del procés alcanzar sus objetivos.
“Cada uno desde su cargo y responsabilidad, se sumaron al plan secesionista poniendo a disposición de éste la actuación del cuerpo policial”, opina sobre Trapero, Puig y Soler.
Por su parte, a Laplana se la juzga por su actuación en el asedio a la Consejería de Economía, en la que los comisionados de los juzgados no pudieron salir del registro que llevaban a cabo porque rodeaban el lugar cerca de 40.000 personas.