Debe considerarse una “cuestión de Estado”.
Después de que el Grupo de Estados contra la Corrupción, Greco, del Consejo de Europa, difundiera su informe –del que dimos cuenta informativa en Diario Progresista de ayer– y en el qué se concluía qué España no había aplicado satisfactoriamente las 11 recomendaciones que le hizo hace 5 años, ahora, mediante un comunicado, Transparencia Internacional ha lamentado que Greco se haya visto obligado a “poner en evidencia a España” una vez más, toda vez que, en palabras de su presidente, Jesús Lizcano, el informe “viene a poner de manifiesto la desidia del Gobierno y de los partidos políticos y grupos parlamentarios para abordar de una forma contundente, inequívoca y coordinada el importante problema de la corrupción”. El informe se extiende especialmente en cuatro de las recomendaciones para prevenir la corrupción en el poder legislativo y el judicial. Para el presidente de Transparencia Internacional es realmente urgente “realizar reformas legales e institucionales como las que piden Consejo de Europa”, que, además, son una demanda de la sociedad civil.
Cuestión de Estado
Transparencia Internacional invita a los partidos políticos a que “se pongan a la altura de los ciudadanos” para considerar la corrupción como “una cuestión de Estado” y llegar a un pacto integral en la lucha contra ella, por lo que ha enviado a las formaciones políticas veinte propuestas para un código de buenas prácticas parlamentarias, medidas para reforzar la autonomía e independencia de la Fiscalía y la regulación legal de los lobbies.
El organismo reconoce que en la proposición de Ley Integral contra la Corrupción y para la Protección de los Denunciantes, algunas de esas propuestas ya están incluidas y se están tramitando en el Congreso, pero hay otros aspectos en transparencia, prevención y lucha contra la corrupción que no están previstos.