Torrent permite votar la norma dedicada a la investidura telemática

De salir adelante, el Govern también se podrá reunir telemáticamente y en el extranjero.
La tramitación de la modificación de la Ley de la Presidencia de la Generalitat fue aprobada ayer por la Mesa del Parlament, con lo cual se busca acabar con la obligación de que el candidato a la investidura a president deba estar presente en la Cámara y que el Govern pueda celebrar reuniones telemáticas. La propuesta contó con cuatro votos a favor, los de Junts per Catalunya y Esquerra, y tres en contra, Ciudadanos y PSC. Los comuns son favorables al cambio siempre que no se realice por lectura única. Este es un primer paso que tal vez sólo busque contentar a la CUP y hacerse con su voto favorable a una investidura, teniendo en cuenta que ambas modificaciones se han hecho a la medida de Puigdemont y abriría la posibilidad investir un president sin estar presente en el Pleno.
Todo ello a pesar de que los servicios jurídicos informaron de que esa reforma no puede llevarse a cabo mediante procedimiento de urgencia y sin haberse constituido un Ejecutivo. Xavier Muro, secretario general de la Cámara, afirma que no puede admitirse a trámite la reforma si “la finalidad instrumental” es investir a Puigdemont ni puede hacerse por el procedimiento de urgencia, que es lo que propone JxCat, por lo que la Mesa vuelve a situarse al límite de la legalidad. Tan es así que en caso de continuar el trámite “podría llegar a inferir” en las medidas aprobadas por el Tribunal Constitucional que sentaba que el ex president sólo puede ser investido de manera presencial y contando con el permiso del Tribunal Supremo. La iniciativa de JxCat pretende modificar por el procedimiento de lectura única el artículo 4.2 de la Ley de la Presidencia e incluir un apartado nuevo en el artículo 35 para terminar con la obligación de que el candidato a ser investido deba estar presente en el Pleno además de permitir reuniones telemáticas del Govern. La propuesta se registró a primeros de febrero, pero Torrent ha ido evitando su debate en la Mesa porque el inicio de la tramitación podría conllevar un recurso del Gobierno central y su suspensión por el Tribunal Constitucional.