El juzgado que debía ratificar la orden de confinamiento dictada por la Generalitat con el fin de aislar Lleida y otros siete municipios de la comarca del Segrià la rechazó el domingo por considerarla contraria a derecho porque el Govern se había arrogado unas competencias que son estatales.
En cambio, ayer, Quim Torra, presidente de la Generalitat, se negó y no aceptaba “esta decisión judicial” y asume “las consecuencias”. Así, el jefe del Ejecutivo regional sostiene que el Govern “continúa considerando válida” la resolución del confinamiento.
Pide a los 200.000 habitantes del Segrià que sigan “las recomendaciones de la Generalitat”, aunque reconoce que los Mossos d’Esquadra acatan la resolución judicial. Sólo velan por el cumplimiento del confinamiento perimetral que se dictó la semana pasada y fue ratificado por un juez el día 4.
Con el fin de “dar más cobertura legal” a las resoluciones del Govern, el Ejecutivo catalán aprobó, en un consejo de gobierno extraordinario, un decreto. Pretende “estipular un régimen de medidas que regule en qué supuestos concretos el Govern adoptará decisiones como la limitación de la libertad de movimientos”.
Además, el president ha avisado de que dictará “un confinamiento domiciliario en El Segrià” si lo estima oportuno. En ese sentido, ha defendido que “seguiremos tomando todas las decisiones que creamos que tenemos que tomar independientemente de cualquier decisión judicial”.
Por su lado, Pere Aragonès, vicepresidente del Govern, sostiene que no van a pedir la aplicación parcial del estado de alarma en Cataluña. “No estamos en una situación de estado de alarma, la competencia es de la Generalitat”, aseguró.
El Govern desobedece y sigue adelante con el confinamiento de Lleida
El Ejecutivo catalán desobedece, de este modo, el rechazo del juzgado de guardia para confinar Lleida. Éste entiende que es una “competencia estatal que se ejerce con la garantía de la intervención del Congreso”. Asimismo, insta a Torra a “solicitar del Gobierno la declaración del estado de alarma” con el fin de endurecer el confinamiento de la comarca.
La resolución del Gobierno regional anulada no sólo aislaba e impedían la entrada y salida de Lleida y de otros siete municipios, sino que también establecía que la población “debe permanecer en su domicilio”. Es decir, una restricción de movilidad que solamente se puede imponer mediante medidas extraordinarias como el estado alarma.