Si el Parlament acata la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que inhabilita a Quim Torra, presidente de la Generalitat, éste convocará elecciones. Es la amenaza que el president ha lanzado, toda vez que advirtió que no acataba la resolución pero sí lo haría si el Parlament la asume.
Desde el Govern prevén que la incertidumbre acerca de la inhabilitación de Torra puede tardar “meses y no días” en resolverse. La Generalitat no acepta la decisión de la Junta Electoral Central (JEC). A su vez, Meritxell Budó, portavoz del Ejecutivo catalán, recordaba ayer que hay plazo hasta el día 3 para presentar recurso ante el Tribunal Supremo.
Aumentan, así, las presiones sobre ERC y Roger Torrent, presidente de la Mesa del Parlament y miembro destacado de la formación republicana catalana.
En una entrevista en Ràdio 4, Torra señalaba que “si el Parlament llegase a ese momento de desautorizarme, seguramente estaríamos unos meses en funciones y habría elecciones”.
De este modo descartaba también la posibilidad de que otro diputado de JxCat, su partido, opte a la presidencia de la Generalitat. Este es un extremo que está reflejado en el acuerdo de Gobierno con ERC. Y es algo complicado porque serían necesarios los votos de la CUP o de otra formación.
Choque de legislaciones
De acuerdo con la Ley de Presidencia de la Generalitat, el presidente de la Cámara catalana debe proponer a un nuevo president en 10 días si existe condena penal firme que implique la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
“Yo seguiría pidiendo que el Parlament se pronunciase y acataría lo que dijese el Parlament”, manifestó Torra.
“Los diputados del Parlamento pueden ser suspendidos de sus derechos y deberes parlamentarios, previo dictamen motivado de la Comisión del Estatuto de los Diputados” si hay sentencia firme, establece el reglamento de la Cámara catalana. También está previsto que así sea por “acuerdo del Pleno”.
Este martes, con los votos de JxCat, ERC y PSC, la Mesa del Parlament acordó mantener la condición de diputado de Torra. A ello se une el informe de los letrados de la Cámara catalana en ese mismo sentido.
“Ningún órgano administrativo o judicial puede fijar nuevas causas de cese para el presidente de la Generalitat que no estén previstas en una ley”, indica un dictamen.
“En la actualidad, ninguna ley prevé el cese en ejecución de una pena de inhabilitación en virtud de una sentencia condenatoria que no es firme”, agrega. Todo ello, a pesar de la resolución de la JEC.