“No iré a defenderme, iré a atacar al Estado”. Esas fueron las palabras de Quim Torra, presidente de la Generalitat, y así hizo, pero no completamente. La Junta Electoral Central (JEC) ha sido la diana de los ataques de Torra después de que le diera la orden de quitar símbolos independentistas, en campaña electoral de abril de 2019, del Palau de la Generalitat. En su declaración, el presidente de la Generalitat ha acusado de prevaricación y coacción a los miembros de la JEC, admitiendo a su vez, que no acató la orden (por considerarla “acto de censura”) porque, según él, era una orden “ilegal”.
Entre Torra y Gonzalo Boye, su abogado, han convertido la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en una sala de cine, escenificando películas de Hollywood. “Como en las películas… ¿cumplió la orden de la JEC?”, ha cuestionado Boye. “No, no la cumplí. Sí, la desobedecí. Pero era imposible cumplir una orden ilegal”, ha respondido, como si se encontrara en un rodaje, Torra. No han nombrado el nombre de la película, pero bien podría ser Algunos hombres buenos.
La tensión cinematográfica ha decaído, el resto ha sido una declaración muy estudiada, igual que la que hizo en fase de instrucción. Desde el primer momento, el presidente de la Generalitat ha querido llevar la declaración al terreno político, anunciando que no respondería ni a la Fiscalía ni a Vox por considerar a este “un partido franquista”. “Este país ha sufrido 40 años de dictadura franquista…”, ha comenzado diciendo en su comparecencia Torra, hasta que Jesús Barrientos, presidente de la Sala, le ha interrumpido. “Tiene derecho a contestar o no, pero no voy a permitir descalificaciones”, ha avisado a Torra, el cual se enfrenta a 20 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia.
Tras intervenir Barrientos, Torra ha puesto en cuestión la competencia de la Junta Electoral Central diciendo que “no es un órgano superior al de presidente de la Generalitat”, cuestionando también la imparcialidad de algunos de los miembros de misma, de los cuales ha resaltado comentarios públicos “despectivos contra Puigdemont” y contra el independentismo. Ha considerado “ilegal” la orden de retirar lazos amarillos y esteladas del Palau de la Generalitat, ya que así se lo aseguraron las personas que le asesoraron, tal como ha trasladado.
Una vez ha finalizado el ataque a la JEC, el presidente de la Generalitat ha pronunciado un discurso acerca de los lazos amarillos incluyendo en ese discurso el victimismo. Partiendo de que no son “propaganda” ni “partidistas” se ha remontado hasta la Guerra de Sucesión y a lo ocurrido en 1714 cuando “los austracistas llevaban lazos amarillos”. Respecto a la pancarta a favor de los “presos políticos”, ha respondido: “No es patrimonio de nadie. Es de la gente. A los catalanes, y puedo hablar en nombre de todos ellos, la judicialización de la política nos repugna. Somos gente demócrata y no entendemos que ante unos mandatos populares se pueda aplicar el Código Penal”.
En cambio, la escenificación no ha significado renunciar a una defensa jurídica, a pesar de que ha lucido poco. Torra ha hecho hincapié en que en el caso de cumplir la orden de la JEC estaría “prevaricando”, recordando que en los edificios donde se encontraban los símbolos independentistas no todos son propiedad de la Generalitat. “No he considerado que tuviera que dar ninguna orden a un director de escuela o de hospital sobre cualquier decisión”.
Ese indeseable «mandao» no puede ni debe presidir una Comunidad Autonómica.