Ultimátum de la Comisión Europea para que España adopte las medidas para proteger el humedal de Doñana, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
De no poner en marchas dichas medidas, Bruselas acudirá a la Corte europea para solicitar una multa contra nuestro país.
Hace ocho meses, el Ejecutivo comunitario inició el procedimiento de infracción, al comprobar que no se habían puesto medidas para proteger el humedal de Doñana.
Es lo que dictaba el TJUE en primer fallo. Bruselas, además, advierte del “riesgo” que supone la nueva proposición de ley que se ha presentado ante el Parlamento de Andalucía para cumplir la sentencia.
En ese sentido, el Ejecutivo comunitario ha enviado una carta. En ella, se refiere a la proposición de ley de la Junta andaluza para regularizar cultivos de regadía ilegales en Doñana.
Además, da un plazo de un mes para que se explique “cómo se han cerciorado de que el plan de mejora del regadío no producirá efectos perjudiciales para la integridad de los espacios protegidos”.
Así, Bruselas recuerda que “el Tribunal declaró que, tal como acreditan todos los datos científicos disponibles, la sobre explotación del acuífero de Doñana ha acarreado un descenso dramático de su nivel piezométrico”
Esto, añade, “constituye, a su vez, la causa de la alteración constante que sufren las zonas protegidas del espacio natural” del humedal.
Persistente incumplimiento en la protección de Doñana
De este modo, un año después de la resolución de la Corte europea, la Comisión inició un procedimiento de sanción contra España por incumplimiento reiterado.
En la misiva, Bruselas señala que la propuesta legislativa “agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana”.
Avisa, asimismo, de que “la sobre explotación continuada […] amenaza gravemente la propia viabilidad de la actividad económica de la comarca”. “En particular, de los cultivos de regadío”, incide.
Así las cosas, los servicios comunitarios examinan la respuesta de España a la primera advertencia, cuando se abrió el expediente sancionador.
Al tiempo, avisan de que, si se aprueba la ley impulsada por la Junta andaluza, se producirá una “flagrante violación” de la primera sentencia.
De este modo, la Comisión pone de relieve para aliviar la situación las medidas orientadas a acelerar las de control e inspección.
Todo ello con el objetivo de serrar y sellar todos los pozos ilegales que aún existen en el entorno del humedal.
Para ello, destaca la posibilidad de financiar proyectos para digitalizar y medir las abstracciones de agua mediante los fondos europeos de Recuperación.