El término ‘disminuido’ desaparecerá de la Constitución

El término ‘disminuido’ desaparecerá de la Constitución

Desde hace cinco años, los grupos parlamentarios están de acuerdo en eliminar de la Constitución el término ‘disminuido’ que figura en el artículo 49.

Se sustituirá por otro o por una expresión que se refiera a las personas con capacidades reducidas o limitadas. Una que se adecue mejor a la realidad de la sensibilidad de las personas de esos colectivos y de la sociedad española.

“Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”, reza.

Sin embargo, hasta esta semana no han vuelto a retomar un cambio necesario y oportuno, pero aparentemente en el saco del olvido.

Tras una reunión entre Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, y Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ambos han acordado acometer la reforma constitucional.

Según trasladó Bolaños en rueda de prensa tras el encuentro, el cambio se ceñirá al citado artículo 49. Asimismo, se limitará a la eliminación del término “disminuido” y a blindar las políticas de discapacidad, sin admitir cambio alguno adicional.

Buscar un texto que no contenga el término “disminuido”

No obstante, se han dado unas semanas para ello. Dicho esto, el compromiso de las partes es encontrar una nueva redacción que pueda contar con el respaldo de las organizaciones del sector.

Asimismo, que el nuevo texto se ajuste a las recomendaciones que el Consejo de Estado hizo en su día, en 2018, y que se apruebe con una amplia mayoría.

De hecho, el ministro ha indicado que “debería ser una reforma que cuente con unanimidad”.

Así, Carmen Calvo, vicepresidente del Gobierno en 2018, fue quien impulsó esta reforma constitucional. Un cambio sobre la base de cuatro puntos consensuados en el Congreso.

En cambio, no llegó a aprobarse por la disolución de las Cortes y la primera convocatoria electoral de 2019.

Según el nuevo texto, además de sustituir el término ‘disminuido’ por la expresión ‘persona con discapacidad’, propone otras cuestiones.

Entre ellas, que se destaquen “los derechos y deberes previstos” en la Carta Magna “en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva”.

Se busca que no “pueda producirse discriminación”, así como encarga a los poderes públicos poner en marcha una serie de políticas.

Las “necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad”.

Enmiendas de totalidad de la derecha

Posteriormente, Pedro Sánchez destituyó a Calvo y Bolaños asumió esta reforma constitucional. De hecho, ya la defendió frente a las enmiendas de PP y Vox, a quienes no les convencía el texto.

En ese sentido, para los de Santiago Abascal, la redacción “no es adecuada a los fines que persigue”. Incluso, sostienen, el propio Consejo de Estado la declaró ‘perturbadora’, además de carecer de la calidad precisa.

Por su lado, los populares argumentaron que una reforma constitucional requiere de “espíritu de sosiego y de pacto político”.

“Justamente, dos elementos de los que en este momento de gravísima crisis económica y social se carecen”, señala la enmienda.

“Con estas premisas, la aspiración de proceder a una remodelación de la Carta Magna a día de hoy es imposible”, defienden.

Un reforma ‘congelada’

A partir de ahí, más de un año en la ‘nevera’, hasta que en diciembre la Mesa del Congreso dio luz verde a presentar enmiendas parciales.

Y ahí radica parte del problema. Otros grupos han aprovechado para tratar de introducir más cambios que nada tienen que ver con el espíritu de esta reforma, especialmente los partidos nacionalistas.

Pero no sólo ellos y sus reclamaciones de plurinacionalidad, autodeterminación o limitar la inviolabilidad del Rey. Ciudadanos reivindica una reforma electoral para implantar la circunscripción única a la hora de elegir a los diputados del Congreso.

Así las cosas, a mediados de enero, el Gobierno concretó una cita con el PP, para abordar de nuevo la reforma. Un paso para el que necesita el respaldo de tres quintas partes de la Cámara Baja, es decir, 210 votos.

“Hemos acordado ceñir la reforma al artículo 49 y no hemos entrado a ninguna otra de las enmiendas”, sentenció Bolaños.

“Debe ceñirse única y exclusivamente al artículo 49”, destacó Gamarra.

De este modo, el Ejecutivo considera que los populares han cambiado su postura, mientras el PP entiende que el Gobierno aceptar negociar sólo lo pactado.

Así, ambas partes buscarán una nueva redacción que tenga en cuenta las pegas que el Consejo de Estado puso en 2019.

Asimismo, que las organizaciones del sector respalden el nuevo texto, además de buscar el consenso más amplio posible entre los partidos parlamentarios.

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