Este miércoles se ha hecho público el auto con el que el Tribunal Constitucional (TC) frenó la tramitación parlamentaria en el Senado de las dos enmiendas dirigidas, precisamente, a forzar la renovación de la propia Corte. Una actuación sin precedentes en los más de 40 años de su historia.
Según el fallo del TC, se acordó porque su “responsabilidad” es “limitar la capacidad de actuación del legislador cuando éste exceda de los márgenes constitucionales”.
Así, el auto señala que “la expresa voluntad del constituyente” sitúa a este tribunal como “garante último del equilibrio de poderes constitucionalmente establecido”.
Esto incluye, según su argumento, “la posibilidad de limitar la capacidad de actuación del legislador cuando exceda de los márgenes constitucionales” en el ejercicio de su “irrenunciable responsabilidad constitucional”.
Asimismo, la Corte de garantías recuerda que “la centralidad de las Cortes Generales en nuestro Estado constitucional no significa que el ejercicio de sus poderes esté exento o liberado de subordinación” a la Carta Magna.
A ese respecto, remarca que la Constitución “preside normativamente las actuaciones de todos los poderes públicos”. Además, “significadamente, la de aquel que asume la representación de la soberanía nacional”.
Así las cosas, el fallo en el que el TC explica sus argumentos para la decisión que acordó cuenta con cinco votos particulares. Precisamente, corresponden a los cinco magistrados progresistas que votaron en contra de la suspensión del trámite parlamentario.
No obstante, el debate y votación del resto de la proposición de ley, que deroga la sedición y reforma la malversación, prosiguió y se aprobó. Eso sí, sin las enmiendas referidas a la Corte de garantías.
Según el texto del Constitucional, la decisión se ajustó al “canon de proporcionalidad”.
Cabe recordar que el mandato de cuatro de los magistrados, incluido su presidente, expiró el pasado 12 de abril. Cabría pensar que también se exceden los “márgenes constitucionales” que esos cuatro miembros del TC sigan en sus cargos. Eso, sin faltar al respeto de las consideraciones de la Corte.
Incluso, que los dos magistrados recusados por Unidas Podemos y luego por el PSOE –Pedro González-Trevinajo, presidente del Constitucional y Antonio Narváez, ambos del ala conservadora y ‘caducados’– también excedieron los “márgenes constitucionales” al votar sus propias recusaciones.
Habría que repensar, si se reforma la Ley del Poder Judicial, medidas para que los jueces con su mandato caducado no sigan en sus cargos. Más que nada por una cuestión estética.
Lo que tenemos es un Tribunal Constitucional (“en funciones” -por impedimento legal o incapacidad del legitimo- que asume el papel de este ultimo que es impedido por el primero) que ha establecido una jurisprudencia en la que es posible la interferencia, fuera de su legitimidad de esperas de poder, de la del judicial sobre el ejecutivo. La expresión del sesgo totalitario invadiendo el poder judicial que pretende intervenir en el legislativo antes del momento que la legitimidad le tiene asignado. La demostración de cómo la justicia sigue siendo lo que siempre fue en este país reaccionario en el que la misma fue y estuvo del lado de dicho rasgo mediante la deformación burocrática en el estrangulamiento de la forma como demuestra la “maldición gitana”: “pleitos tengas y los ganes”.
¡Al fin se va a renovar el Tribunal Constitucional! ¡Fuera del Constitucional y del Consejo del Poder Judicial los jueces con el mandato caducado YA!