La designación de los dos magistrados al Tribunal Constitucional (TC) que corresponden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) supone un drástico cambio en el equilibrio de fuerzas entre progresistas y conservadores.
Hasta ahora, la balanza se inclinaba del lado conservador con seis magistrados frente a los cinco progresistas.
Cuando tomen posesión de su cargo, serán siete frente a cuatro, pero en el sentido contrario.
La cuestión es que el nuevo TC deberá afrontar varios recursos de importancia, como las reformas que impulsó el Gobierno, precisamente, en materia judicial.
Entre ellas, la que impide al CGPJ nombrar discrecionalmente magistrados en los altos tribunales. Asimismo, la contrarreforma por la que el órgano de gobierno de los jueces ha podido designar a sus candidatos a la Corte de garantías.
Así, Vox y PP recurrieron la primera y el Constitucional admitió a trámite los recursos, aunque están pendientes de resolución.
Los populares, igualmente, impugnaron la segunda, con idéntica situación actual.
Ya recientemente, ambas formaciones recurrieron las dos enmiendas que se incorporaron en la proposición de ley para derogar la sedición y reformar la malversación.
Dichas enmiendas pretendían cambiar el sistema de elección de los candidatos para renovar, precisamente, los cuatro cargos caducados del tribunal de garantías.
El TC paralizó el trámite parlamentario
El propio Constitucional, a instancias del recurso del PP, aplicó medidas cautelarísimas que impidieron debatir y votar las enmiendas en el Senado.
Una actuación sin precedentes en los más de 40 años de vida de la Corte de garantías que ha provocado un choque de trenes entre el Poder Judicial y el Legislativo.
Por su lado, el recurso de Vox sigue pendiente de resolución, incluso de que se admita a trámite. Además, no se circunscribe a las dos enmiendas, sino al conjunto de la proposición de ley, al entender que su tramitación parlamentaria no fue correcta.
Pedro no sólo estos recursos deberá debatir y resolver el nuevo TC con mayoría progresista.
Uno de ellos es en relación a la aprobación de la reforma laboral. Salió adelante porque el diputado popular Alberto Casero se equivocó en la votación telemática, aunque él alegó un fallo informático.
Así, Vox, PP y el propio Casero recurrieron porque Meritxell Batet, presidente del Congreso, no permitió posteriormente al diputado modificar su voto de forma presencial. Por tanto, la impugnación va contra ella.
Sin embargo, los letrados de la Cámara Baja concluyeron que el voto telemático emitido fue válido, por lo que no hubo error telemático.
Además, la Corte de garantías tiene pendiente resolver el recurso, admitido a trámite, que interpuso Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid.
En este caso, contra el decreto de ahorro energético que aprobó el Gobierno en agosto. Una norma que pone límites a las temperaturas en las administraciones públicas, establecimientos comerciales, transportes y espacios culturales.
La formación de Santiago Abascal también la recurrió, pero, por un defecto de forma, el Constitucional no la admitió.
Ley del aborto de 2010
Por otra parte, están pendientes las impugnaciones contra la ley de la eutanasia, así como una popular de 2010 contra la ley del aborto, siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
También, la de Vox contra la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, entendiendo inconstitucional que los menores reciban “educación afectivo sexual”.
A su vez, sigue pendiente resolver los recursos admitidos de Vox y PP con la conocida como ‘Ley Celaá’. Según los populares, ataca al castellano como lengua vehicular (25%), permite pasar de curso con asignaturas suspensas y no deja elegir centro educativo.
Para terminar, entre otros, el recurso de amparo que presentó Alberto Rodríguez, exdiputado de Podemos. El parlamentario canario resultó condenado por el Tribunal Supremo (TS) por agresión a un policía.
Se le condenó a 45 días prisión o pago de una multa de 540 euros, importe que Rodríguez abonó. Además, el TS le sentenció a una inhabilitación especial para el derecho pasivo durante el tiempo de la condena.
Aunque la Mesa del Congreso decidió no retirarle al acta de diputado, Batet sí lo hizo y le despojó de su credencial parlamentaria.
La Fiscalía, por su parte, se muestra a favor de devolverle el escaño, pero no concederle el amparo por la condena. De hecho, su asiento no se ha cubierto por parte de Unidas Podemos.
¡Mucha suerte y rapidez en la resolución de los asuntos!