El Tribunal de la Unión Europea obliga a la VTC a operar con licencia.
Uber es considerada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como una empresa de transporte y no una plataforma digital de intermediación de viajeros. Así lo dice la sentencia fallada ayer por el alto tribunal europeo, obligando a la compañía a trabajar con licencia, como así hace en España, como VTC. Cae, así, el modelo originario de Uber, que consiste en que los conductores particulares operan el servicio de transporte urbano con sus vehículos particulares mediante una aplicación en el que la compañía actúa como intermediador digital. Tras esta sentencia, se podrían aplicar los mismos criterios para otras plataformas de economía colaborativa, aunque la Comisión Europea ya ha avisado de que habrá que estudiar caso a caso.
La Justicia española esperaba esta sentencia para fallar de manera definitiva sobre este asunto después de la denuncia de la Asociación Profesional Elite Taxi de Barcelona, aunque el fallo del Tribunal Europeo no hace cambiar la situación actual en España, ya que Uber opera bajo licencia VTC. Para Uber la situación “no cambia nada en la operativa de la mayoría de los países de la UE”, donde ya operan con licencia VTC, pero ocultan que esta plataforma solo lanzó el servicio UberX en 2016, cuando los tribunales paralizaron el servicio entre particulares -UberPop-, que es contra el que ha fallado el alto tribunal.
Un portavoz de la compañía ha indicado que “sin embargo, todavía hay millones de europeos que no pueden usar apps como la nuestra. Como dijo recientemente nuestro nuevo consejero delegado, conviene regular servicios como Uber y por ello continuaremos el diálogo con países y ciudades en toda Europa”.
Satisfacción en el sector del taxi español
Los taxistas españoles ven la sentencia del TSJE como una victoria. La asociación mayoritaria en el sector, Fedetaxi, se ha mostrado satisfecha y ha exigido a la Comunidad de Madrid y a la Generalitat que inspeccionen los servicios hechos por Uber desde el inicio, ya que, según esta asociación, podría enfrentarse a sanciones por más de 5.000 millones de euros en España por infringir la normativa de transportes. Elite Taxi, por su lado, advierte que “aún queda mucho trabajo por hacer”. En palabras de Iban Sesma, secretario de Elite Taxi Barcelona, “el sector ya está regulado, solo hace falta que cumplan las normas”.