El Gobierno ha tenido que dejar tareas pendientes y comprometidas a principio de legislatura debido a la irrupción de la epidemia de coronavirus. Superada la primera fase, en plena segunda oleada, no queda claro cuándo podrá abordarlas, entre otras razones, por la crisis económica.
Algunas de esas tareas pendientes enfrentan internamente a distintos Ministerios implicados en ellas. Otras, simplemente no se pueden llevar a cabo ahora.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá que tomar decisiones que involucran a los agentes sociales y abordar reformas necesarias, una vez aprobados los PGE. Y tendrá que hacerlo pronto por la situación económica y social del país.
Una de las más urgentes es la renegociación de los ERTEs, cuya vigencia termina el 31 de enero. También lo es la subida del Salario Mínimo Interprofesional, marcado por las discrepancias entre los socios de Gobierno.
En este sentido, María Jesús Montero aboga por posponer el debate hasta el segundo semestre de 2021, una postura que ha ido ganado peso frente a la de Yolanda Díaz, que defendía subirlo un 0,9%.
El sector socialista del Ejecutivo y la patronal se han enrocado en la posición de congelarlo en los actuales 950 euros. En cambio, el ala morada y los sindicatos sostienen la necesidad de elevarlo a los 1.000 euros.
Entre las tareas pendientes más importantes, la reforma laboral
No menos importante, con los fondos europeos a punto de llegar y su exigencia de cambios estructurales de calado, la reforma laboral. Es otra de las grandes tareas pendientes y con posturas abiertamente opuestas entre las carteras socialistas y las de Unidas Podemos. Y, por supuesto, con la patronal mirando de reojo.
A este respecto, bloquea el siguiente paso la falta de acuerdo, o más bien el desacuerdo en la llamada ley de los riders. La patronal mantiene silencio y se escuda en la reciente sentencia del Tribunal Supremo que estableció que estos trabajadores son asalariados y no autónomos.
La falta de claridad, y de avances, en la norma bloquea en cierta medida pasar a negociar la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. El acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos es el ‘arma’ que los sindicatos esgrimen para exigir sentarse a negociar de una vez por todas.
Y él también se agarran los ministros morados, enfrentados a la opinión de Nadia Calviño, más partidaria de aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
Entretanto, Bruselas observa y espera porque, en paralelo a los 140.000 millones que llegarán a España, tienen que llegar reformas estructurales. La Unión Europea exige menos temporalidad y reducir la tasa de paro. Y en eso estamos.