Este jueves se ha renovado el Pacto de Estado contra la violencia de género, un asunto sobre el que todos los partidos están de acuerdo, salvo alguno al que es mejor no dar publicidad.
El Congreso y el Senado aprobaron este Pacto en 2017 y caducaría dentro de casi un año. En concreto, en setiembre de 2022.
La firma de este acuerdo se ha visibilizado en el Congreso. Presidían el acto Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo, Irene Montero, ministra de Igualdad, Meritxell Batet y Ander Gil, presidentes de la Cámara Baja y del Senado, respectivamente.
Asimismo, han asistido representantes de PSOE, PP, Unidas Podemos, ERC, PNV, Ciudadanos, Junts, PdeCAT, EH Bildu, Coalición Canaria, Compromís, Más País-Equo, BNG y Teruel Existe.
El documento firmado pone en valor el “consenso sin precedentes” que consolidó “una política de Estado frente a la violencia contra las mujeres en España”.
Además, asegura “el cumplimiento de las obligaciones normativas en esta materia”. También, garantiza “la respuesta a todas las manifestaciones de la violencia machista, más allá de la violencia de género de la pareja o expareja”.
Así, el texto consensuado hace hincapié en la “protección de los derechos de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia machista”. Para ello, “se debe explicitar combatiendo de forma expresa los discursos negacionistas”.
Trece medidas contra la violencia de género
De este modo, las trece medidas que contempla el Pacto de Estado contra la violencia de género instan a consolidar la cogobernanza, la cooperación institucional y de actuación de todas las administraciones. Además, sitúa “a los municipios en el primer plano de respuesta”.
El documento compromete a una “financiación pública estable, suficiente, adecuada, con independencia del ciclo económico”. De esta manera, se podrán mantener las actuaciones y las políticas para afrontar esta lacra.
Se concreta garantizando la financiación de los fondos para desarrollar programas de prevención y sensibilización por parte de ONG estatales y autonómicas. También, de acompañamiento y atención a víctimas.
Asimismo, se apuesta por asegurar la especialización profesional de los sectores que intervienen en la prevención de la violencia. Además, los firmantes del texto hacen hincapié en la atención a las víctimas, sobre todo en el ámbito de la justicia.
Renovación cada cinco años
El compromiso se amplía a la obligación de aprobar cada cinco años una Estrategia Estatal ante la violencia de género y contra las mujeres.
Se establece, de este modo, un marco de política pública para poner las bases del desarrollo de la normativa acerca de esta materia. Al tiempo, se concreta con la propuesta de hacer permanente el Plan Estatal de Sensibilización y Prevención.
Éste “deberá englobar las cuatro iniciativas principales”. Es decir, “programas de educación; campañas institucionales de concienciación social, dirigidas en particular a hombres y niños”
También incluye “políticas dirigidas al sector de las tecnologías de la información y los medios de comunicación”. En este sentido, “con especial atención a la prevención de la violencia en el ámbito digital”.
Además, “campañas de toma de conciencia o autopercepción sobre las violencias machistas dirigidas a mujeres”.
Cumplimiento del Convenio de Estambul
Así, es necesario, reza el documento, “adecuar la normativa estatal al Convenio de Estambul”. El objetivo no es otro que asegurar “una respuesta integral y contextualizada a todas las formas de violencia contra las mujeres”.
El propósito es reforzar la protección de las mujeres que se enfrentan a otras formas de discriminación. En ese sentido, pone el foco en las mujeres mayores, migrantes, rurales, de minorías étnicas, con discapacidad o en situación administrativa irregular.
Por tanto, es una apuesta por el refuerzo de las medidas que contribuyan a una autonomía económica de las mujeres víctimas de violencia de género.
Para ello, es necesario ampliar la red de recursos y fijar un sistema de recogida de información homogéneo y permanente. Asimismo, la elaboración de un informe cuatrienal de actividad y de evaluación de las comisiones de seguimiento del Pacto de Estado en Congreso y Senado.