El derecho de asilo se verá restringido debido a una nueva ley en la que trabaja el Ejecutivo. Las restricciones son consecuencia de la adaptación de nuestras leyes a la línea marcada por la Unión Europea. Según ha recogido El País, el acceso a la protección en los centros de internamiento se verá limitada. Además de ello, se ampliará el abanico de motivos para denegar solicitudes de asilo.
Este asunto es delicado respecto a las grietas que pueda provocar en el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. La normativa ahora en vigor que data de 2009 resulta obsoleta, puesto que ha cambiado la realidad migratoria. Nuestro país solía recibir escasas solicitudes de asilo, pero en 2019 llegaron a registrarse 118.000. Esto convierte a España en el tercer receptor de refugiados potenciales en la Unión Europea.
La nueva ley supone una respuesta a los ultimátum reiterados que provienen de Bruselas. Constan dos procedimientos abiertos de infracción contra España por parte de la Comisión Europea. Ello se debe a que España ha agotado todos los plazos puesto que la adaptación de la legislación española con las directivas comunitarias se lleva años retrasando.
Por medio de la nueva norma, el Ejecutivo adoptará las medidas exigidas por Bruselas, además de incluir otras propias. El documento final dependerá de las negociaciones entre los Ministerios implicados que son el de Seguridad Social y Migraciones y el de Exteriores, lo que afectará a la normativa actual del derecho de asilo.
Un asilo en línea con lo marcado por la UE
La propuesta recoge el endurecimiento progresivo que ha venido reflejando la UE. Después de la crisis de 2015, con el desembarco en Grecia e Italia de más de un millón de refugiados, Bruselas consideró que era el momento de trabajar en una política común con más restricciones. Esas restricciones harían alusión a los migrantes económicos, los cuales no tienen derecho a protección internacional.
Los planes europeos consisten en acelerar los retornos de los migrantes, cerrar fronteras y plantear la obligación de un reparto solidario de los refugiados entre los países miembros. “La clave es tener un sistema rápido para diferenciar quién tiene posibilidad de pedir asilo y quién no. Y hay que devolver a quienes no sean refugiados”, traslada una fuente de Bruselas.
El Ejecutivo estudia el establecimiento de crear un plazo de admisión para las solicitudes de asilo de los recién llegados, la cual es de 30 días según recoge la normativa comunitaria. La medida se endurece aún más para aquellos extranjeros que se encuentran encerrados en los centros de internamiento (CIE). Interior propone que el plazo de solicitud de asilo para estos casos sea de 10 días. “Pasado ese plazo se entenderá que la solicitud ha sido formulada con la única intención de retrasar o frustrar la expulsión”, consta en el borrador de la nueva normativa.
Se amplían las razones para denegarlo
Los motivos para denegar las peticiones de asilo se amplían con la adaptación a la normativa europea. Entre ellos, se recoge que si existen zonas seguras en el país de donde procede el solicitante de asilo, esa solicitud puede denegarse. El mismo criterio ha de utilizarse en caso de que el solicitante tiene residencia habitual en un tercer país. Por lo que, “si existe vínculo entre la persona y el tercer país por el que sería razonable que el solicitante se fuese a ese país”.
El endurecimiento no afecta a todas las medidas que se contemplan, puesto que se amplía el campo de seguridad jurídica para los solicitantes de asilo: los reconoce como tales desde que manifiestan su voluntad de pedir asilo, por lo que se les registra oficialmente. Otra ampliación que se contempla es la del plazo de resolución de expedientes en la frontera, pasando de cuatro a cinco.