Hace unos días leía en la prensa que Donald Trump finalizará su mandato en enero de 2020 con tres dudosos honores en materia de pena de muerte: el de ser el presidente que más reos bajo supervisión del gobierno federal va a dejar que sean ejecutados -recordemos que en los Estados Unidos de América existen leyes penales a nivel federal y otras a nivel estatal-, el de haber reanudado las ejecuciones federales tras una moratoria informal de dieciséis años y el de ser el primer presidente que permite ejecuciones federales durante la transición de traspaso de poderes desde finales del siglo XIX, en tiempos de Grover Cleveland.
Todo ello me hizo recordar los argumentos que he ido recopilando en contra de la pena de muerte a lo largo de los años. Fundamentalmente, podemos resumirlos en seis, a saber:
- La razón más básica es porque matar está mal. Solo puede estar justificado en casos muy aislados de legítima defensa, cumplimiento del deber en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y causas análogas o muy similares.
- Porque aplicando la pena de muerte, el Estado sucumbe a un sentimiento primario que una sociedad civilizada y avanzada debe erradicar: el deseo de venganza. Por mucho que se enmascare en forma de justicia, hablamos de una forma institucionalizada de venganza.
- Dicha venganza se lleva a cabo de una manera especialmente cruel que recuerda al asesinato hiperagravado, ya que concurren alevosía -el reo está inmovilizado para que no se pueda defender-, en muchas ocasiones también ensañamiento -cuando la ejecución se lleva a cabo infligiendo más sufrimiento del necesario para matar a un ser humano- y siempre recompensa -¿qué es, si no, el salario del verdugo?-.
- Ni el mejor sistema de Justicia es infalible: el riesgo de ejecutar a un inocente es real.
- Se niega la posibilidad de que el reo se reeduque y pueda reinsertarse en la sociedad. Por improbable que sea en el caso de algunos delincuentes, no se debe cerrar del todo la puerta jamás.
- Y la última razón que aporto, pero no por ello menos importante, es que ni siquiera es una medida eficaz para reducir el crimen. En Europa no se aplica y la tasa de criminalidad es más baja.