El Gobierno ha conseguido reunir los apoyos suficientes para que el segundo decreto anticrisis salga adelante, aunque todos los socios lo consideran insuficiente.
Mientras que el PP ha optado por abstenerse y vaticina que fracasarán las nuevas medidas, ERC, PNV, Bildu y PDeCAT lo han apoyado.
En cualquier caso, reprochan al Ejecutivo la falta de negociación previa y la insuficiencia de las medidas. Además, la ausencia de medidas estructurales para contener la inflación, en vez de combatir sus efectos.
Así, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes, ha subrayado que el Gobierno responde “con solidaridad”.
En ese sentido, destacó la rebaja del IVA en la factura de la luz hasta el 5%. También, la prórroga del resto de bajadas de impuestos, electricidad o la extensión el tiempo del descuento de 20 céntimos por litro de combustible.
Asimismo, el límite al 2% de la actualización de los alquileres, los aplazamientos de cuotas a la seguridad social.
Además, recordó, la prohibición de despedir por esta crisis si la empresa recibe ayudas. A su vez, se paró en el cheque de 200 euros para personas con rentas inferiores a 14.000 euros anuales.
Otras medidas anunció Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el Debate sobre el estado de la Nación. Es el caso de la bonificación al 100% de todos los abonos de Cercanías, Rodalies y media distancia de Renfe.
Precisamente, esto último ha servido para que varias formaciones que apoyan el segundo decreto anticrisis acusaran al Ejecutivo de “improvisación” y “populismo”.
Así lo han calificado desde el PDeCAT, ERC y PNV. Ha sido, justo, esta última formación quien ha señalado que estas medidas son “pan para hoy y hambre para mañana”.
A juicio de Idoia Sagastizabal, se echan en falta medidas más efectivas y también estructurales. La formación jeltzale, precisamente, ha sido la más dura en sus críticas por la falta de negociación previa.
Asimismo, desde Bildu, Mertxe Aizpurua, su portavoz parlamentaria, de nuevo ha justificado su respaldo a este segundo decreto anticrisis “por responsabilidad y por la gente”.
Con todo, exige “intervenir el mercado eléctrico de una vez” y conocer el coste de la generación de electricidad.