Se reducen las partidas contra la pobreza y la desigualdad en los presupuestos de 2018

El Gobierno se escuda en que, en términos absolutos, la inversión aumentará.
Mediante un comunicado, la Alianza Española contra la Pobreza y la Desigualdad, perteneciente a la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad, denuncia que los Presupuestos presentados por el Ejecutivo para 2018 reducen, por tercer año consecutivo, la proporción destinada a políticas como sanidad, educación, dependencia, igualdad, cooperación y protección social. En la administración central, en cambio, defienden que la reducción en términos absolutos supone un aumento de la inversión en estos conceptos, pero los datos demuestran que el gasto total con respecto al PIB está en su nivel más bajo desde 2007. Hay numerosos informes que aseguran que, aunque la recuperación, en términos macroeconómicos, indica que España salió de la crisis económica, continúan la pobreza y la desigualdad producidas tras las diferentes reformas económicas y sociales desde 2011. De acuerdo con el comunicado emitido por la Alianza contra la Pobreza, los ajustes que se ejecutaron desde 2009 profundizaron la brecha entre ricos y pobres, de modo que entre 2008 y 2015 vieron reducidos sus ingresos en un 15% el 20% de la población más pobre. Algo que arrecia en las capas más débiles de la sociedad.
350 millones de euros faltan para recuperar el máximo histórico, de 2009, en sanidad, a pesar del aumento de un 3,9% en los presupuestos de 2018 respecto a los del año anterior. Lo que señala la Alianza es que en las partidas de los PGE 2018 lo que realmente aumenta son los fondos destinados a la privatización, en especial con las mutualidades de funcionarios, 2.249 millones de euros, uno de 49% más que en 2017 y 195 millones más que en 2009. Así, además de llegar tarde, los Presupuestos de 2018 no atajan los graves problemas de pobreza y desigualdad, sino que los mantienen y los profundizan. Ante esto, la Alianza reclama del Gobierno español que se adopten las medidas necesarias para subir el capítulo de ingresos en los presupuestos a fin de lograr los ingresos necesarios destinados a la lucha contra la pobreza y la desigualdad, en un escenario en el que la deuda pública para 2018 alcanzará el 97,6% del PIB.