Sánchez y Torra hablan por teléfono

Se emplazan a reunirse “muy pronto”.
Según publica el diario El País en la tarde de ayer Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, telefoneó a Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, en el marco de los contactos que el jefe del Ejecutivo llevó a cabo con todos los presidentes autonómicos. Esta era, quizás, la conversación más delicada. Según dichas fuentes, la llamada se habría realizado después de un encuentro entre el president y Miquel Iceta, líder de los socialistas catalanes. A resultas de la conversación telefónica, ambos dirigentes han acordado reunirse “muy pronto”, pero no se ha fijado fecha. Isabel Celaá, ministra de Educación y Portavoz del Gobierno, ha asegurado que Sánchez se reunirá bilateralmente con todos los presidentes regionales. Por su lado, Torra manifestó la necesidad de rebajar la “crispación” política sobre Cataluña, ofreciendo diálogo “sin condicionantes ni límites”.
En otro orden de cosas, pero sin abandonar el asunto catalán, la ministra portavoz del Gobierno anunció ayer en el Congreso que “hemos determinado que se den instrucciones a los bancos para que el Gobierno de Cataluña pueda abordar los pagos que les corresponden sin necesidad de pasar por la supervisión de Hacienda del Gobierno de España”. La intervención de las cuentas catalanas se llevó a cabo para impedir que se utilizaran fondos públicos para el procés y afectaba al Fondo de Liquidez Autonómica, FLA, al resto del sistema de financiación autonómico y al conjunto de las Cuentas de la Generalitat.
La ministra portavoz ha precisado que se levanta “la supervisión como gesto de normalización política en la confianza de que funcionará bien”. “No significa que el Gobierno no vaya a estar informado de las eventuales partidas que pudieran dirigirse a cuestiones catalanas”, ha remarcado. Así, ha querido destacar que el Ejecutivo “tiene fórmulas para poder estar informado de todas las cosas que acontecen dentro de su territorio”, pero que no hay obstáculo para “hacer este gesto”. Se trata de una de las consecuencias del levantamiento del artículo 155 de la Constitución para que la Generalitat “conforme a la ley, y de acuerdo con sus competencias, vaya a hacer una provisión de gasto legítima y acomodada a la ley”.
No obstante, Celaá no ha detallado si esta medida afecta únicamente a las de control aprobadas entre julio y septiembre de 2017 y si se mantienen las tomadas desde 2015. Estas afectan al fondo de liquidez autonómica y a todo el presupuesto de la Generalitat, obligando a la Intervención catalana a certificar mes a mes que sus pagos se ajustan a la legalidad. Unas medidas muy estrictas que obligaban, incluso, a descargar telemáticamente las facturas de proveedores en el punto FACE, Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado, para su trazabilidad. La anterior ministro, Cristóbal Montoro, anunció en mayo la intención del Gobierno de mantener el control reforzado de las cuentas que se acordó en 2015, aunque se levantase el artículo 155 de la Constitución, con la advertencia de suprimir el flujo de los fondos a la Generalitat si se incumplan las condiciones.