En una entrevista en RNE, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en Funciones y candidato del PSOE a la Presidencia, sostuvo que la Fiscalía depende del Ejecutivo, lo que viene a demostrar que el Gabinete está actuando para lograr el regreso a España de Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat huido en Bélgica.
Al ser preguntado por el porqué así lo había prometido en el debate electoral del lunes, Sánchez ha respondido: “¿La Fiscalía, de quién depende?”. Según el entrevistador admitió que dependía del Gobierno, el candidato socialista añadió: “Pues ya está”.
Cabe recordar que Sánchez defendió que el Ministerio Fiscal era independiente y autónomo cuando, durante la causa del procés, el independentismo pidió que el Ejecutivo influyese para que los líderes independentistas encausados no fueran acusados de rebelión.
Con todo, Sánchez matizó que se refería e el debate a que la Fiscalía había pedido al juez Pablo Llarena, instructor de la causa, que reactivara la euroorden de detención contra el líder independentista catalán.
Detalló que espera “que más pronto que tarde Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española”, pero también señaló que todo depende del tiempo que se tome la justicia belga en responder a la solicitud del magistrado.
Por otro lado, en la entrevista, el candidato socialista explicó los argumentos para recuperar como delito la organización de referendos ilegales, porque el independentismo en Cataluña amenaza con retomar la vía unilateral.
Así, alertó de que un referéndum como el del 1 de octubre de 2017 “cuestiona la integridad territorial” del país y es un elemento de “discordia”. También, que enquista “la situación en Cataluña”, donde, aseguró, la mayoría de la ciudadanía es partidaria de permanecer en España.
Asimismo, y ante las amenazas de los radicales independentistas de interferir en la jornada electoral, indicó que se ha desplegado “un número importante” de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Destacó que “todas las instituciones”, también las catalanas, deben garantizar el “normal discurrir de la jornada electoral”.
Por último, insistió en que alterar la jornada electoral puede acarrear “responsabilidades penales contundentes”.