La Fase 3 de la desescalada será de “gobernanza absoluta” de las Comunidades Autónomas. Así lo anunció Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a sus homólogos autonómicos en la conferencia de presidentes de ayer.
Una vez que el PNV confirmó su voto favorable y conseguida la abstención de ERC para prorrogar por sexta vez el estado de alarma, Sánchez cede a las autonomías la gestión de la última fase que llevara a la “nueva normalidad”.
En consecuencia, serán los gobiernos autonómicos la autoridad delegada del mando único para dirigir la última parte de la desescalada. Salvador Illa, ministro de Sanidad, cederá sus actuales atribuciones a los territorios que avancen a la Fase 3.
Además, ésta será la última prórroga del estado de alarma. Las Comunidades Autónomas recuperarán, así, sus plenas competencias a las doce de la noche del 21 de junio, cuando decaerá el estado de alarma.
Sin embargo, hasta esa fecha, el Ejecutivo central se reserva la capacidad de limitar la circulación entre territorios. Solo Euskadi queda al margen de esta reserva, por lo que se podrá circular con total libertad entre las tres provincias vascas. Galicia también venía pidiendo desde hace semanas esta posibilidad, pero no se le concede.
Sánchez señaló a los presidentes que “vosotros seréis las únicas autoridades competentes como máximo representante del Estado en cada uno de los territorios”. Concretó que “será a partir de la fase 3 cuando ya podréis gestionar la desescalada y también los tiempos”.
En Fase 3 de la desescalada, los gobiernos autonómicos podrán pedir levantar el estado de alarma
“Incluso, pedir al Gobierno de España que levante el estado del alarma en vuestro territorio antes del 21 de junio en caso de que la situación epidemiológica lo permita”, añadió.
Iñigo Urkullu, lehendakari de Euskadi, anticipó que así lo hará en los próximos días por la evolución favorable de la situación sanitaria y asistencial en el País Vasco.
“Mañana -por hoy- plantearemos el pase a la Fase 3 de cara al lunes 8 de junio, así como la reconsideración sobre la vigencia del estado de alarma que apuntabas, presidente”, aseguró.
Por otra parte, según el acuerdo con los republicanos catalanes, el Gobierno se compromete a “priorizar medidas normativas y legales de carácter menos excepcionales que el estado de alarma” cara al futuro. También, desvincular de esa situación excepcional las propuestas económicas y sociales para afrontar la crisis económica.
Por tanto, el Ejecutivo tendrá que articular un “mecanismo alternativo” al estado de alarma de forma que se permita una mayor cogobernanza si vuelve a haber una epidemia. La reforma legal se presentará en comisión en el Congreso para su tramitación “en un período de tres meses”.
A pesar de este acuerdo, Quim Torra, presidente de la Generalitat, ha trasladado a Sánchez que el pacto no vincula al Govern. Tal es así que mostró su rechazo a la sexta prórroga “por respeto a la institución” que representa.
Por su lado, Alberto Núñez Feijóo y Juan Manuel Moreno, presidentes de Galicia y Andalucía, respectivamente, pidieron que las Comunidades gestión en el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Así lo harán el País Vasco, Navarra y Cataluña.
De hecho, Núñez Feijóo recordó a Sánchez que en Galicia se cuenta desde hace casi 30 años con la renta de inclusión social. Por tanto, se considera plenamente competente para gestionar el IMV.