El Gobierno regional sabía que se hizo mediante una empresa interpuesta con sede en Panamá.
Así lo han manifestado los portavoces de los grupos de la oposición en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea regional de Madrid, después de que comparecieran Arturo Canalda, director gerente del Canal de Isabel II en 2001, Carlos Mayor Oreja, ex consejero regional, Fernando Troyano, ex asesor para la expansión americana del Canal, y Juan José Caballero, ex subdirector de servicios jurídicos del Canal en 2001.
Para Encarnación Moya, diputada socialista, “en todo momento se intentó ocultar, o por lo menos no se dijo públicamente, que se iba a adquirir una empresa panameña”, añadiendo que “no cuestionamos si eso fue legal o no, lo que cuestionamos fue un sobrecoste enorme que nadie ha conseguido explicar hasta el momento. Lo que hemos sacado en claro es que el Consejo de Gobierno, con Gallardón como presidente, tenía muy clara la operación que se iba a hacer, cuando se decía que esto era una operación exclusiva del Canal”.
La diputada se pregunta que “si no había ningún problema, ¿por qué no se dijo en ningún sitio ni se puso en ningún sitio?”, deduciendo de las comparecencias “que el Gobierno sabía perfectamente la operación que se estaba haciendo y sabía que se iba a comprar una empresa colombiana a través de una empresa panameña, y eso en las explicaciones que se dieron en esta Cámara no se dijo ni se puso en los acuerdos del Consejo de Administración del Canal, ni en los acuerdos del propio Consejo de Gobierno. Por lo tanto, algo raro hay aquí”, asegura.
Reparto de responsabilidades
Por su parte, César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Comisión ha dicho que Arturo Canalda dijo claramente “que explicó al Consejo de Administración cómo se iba a hacer la operación y toda la gente que estaba ahí conocía exactamente que íbamos a gastarnos 70 millones de dólares en comprar una empresa que estaba en Panamá, y nadie dijo nada”. “Lo que sabemos es que hay cierta dejadez de funciones por parte del Consejo de administración del Canal y del Consejo de Gobierno. No es normal que nos gastemos esta millonada en una empresa, que podrá ser rentable o no, pero que estaba afincada en un paraíso fiscal. Y eso ni es ético ni normal. Esperaba más de un Gobierno como el de Gallardón, que nadie preguntase por algo tan significativo. Hay que actuar de forma ética, y comprar empresas en paraísos fiscales están muy lejos de ser ético”, ha remarcado.
A su vez, Miguel Ongil, portavoz de Podemos en la Comisión, ha dicho que “el Consejo de Gobierno de Gallardón tenía toda la información sobre la operación”. “Lo que no hemos podido sacar en claro todavía son los términos del contrato y del acuerdo, algo tan básico como quién recibió el dinero. Debido a la opacidad del Gobierno de Cifuentes, no lo sabemos”. Finalmente, para Juan Antonio Gómez Angulo, portavoz del PP en la Comisión, las comparecencias “han sido absolutamente esclarecedoras sobre la absoluta legalidad del proceso”. “Hoy ha quedado claro que la expansión del Canal en Iberoamérica no es una cosa novedosa que se hace con la llegada de Gallardón a la Comunidad. Fernando Troyano ha puesto de manifiesto que empezó en el año 1991, con una Administración socialista, con los primeros intentos de expandirse en Iberoamérica, no llegando a buen puerto las prospecciones que se hacen”, ha añadido.