Ha sido “instrumentalizado” por el Gobierno central contra el independentismo catalán, dijo.
En la sesión de ayer del juicio del procés en el Tribunal Supremo, Josep Rull, ex consejero de Territorio de la Generalitat catalana, puso en duda la “legitimidad moral” del Tribunal Constitucional, TC, porque, en su opinión, fue “instrumentalizado” por el Gobierno contra el independentismo catalan. Así, hizo referencia a una resolución del Tribunal Supremo canadiense para justificarse por las continuas desobediencias al TC español cuando suspendió las leyes de desconexión.
“Hay una falta de legitimidad moral del Tribunal Constitucional por ser sistemáticamente instrumentalizado por el Gobierno y suspendida. Hay una utilización sistemática, constante, permanente por parte del Estado, y el Constitucional se ha dejado instrumentalizar para dejar la autonomía de Cataluña absolutamente minimizada”, señaló.
En un duro enfrentamiento con la fiscal Consuelo Madrigal, el ex consejero reconoció haber sido advertido, hasta en seis ocasiones, por el tribunal de garantías en los meses previos al referéndum del 1 de octubre, desde que se aprobó el proceso constituyente hasta la ley de transitoriedad, y criticó que el TC recurrirse en numerosas ocasiones al artículo 16.2. Según esta norma, una ley autonómica queda suspendida automáticamente cuando el Constitucional admite a trámite una impugnación del Gobierno.
Según Rull, el Govern buscó siempre la “ponderación” y el “equilibrio” entre “el imperio de la ley el principio democrático”. Es en ese punto en el que hizo referencia a una resolución del Tribunal Supremo de Canadá, por la que “un sistema de gobierno no puede sobrevivir únicamente a través de la adhesión al Derecho”, sino que se necesita “legitimidad, interacción entre imperio de la ley el principio democrático”. “Nosotros siempre buscábamos el equilibrio entre los dos elementos. El sistema tiene que ser capaz de reflejar las aspiraciones del pueblo. El objetivo era poner a disposición de la gente en instrumento para proyectar su voluntad y hacerlo a través de las urnas”, apuntó.
La fiscal le preguntó si ha leído la doctrina del Supremo canadiense y no la del Constitucional español, a lo que el ex consejero respondió que su “convicción” es que el español tiene un “déficit importante de autoridad moral”, algo que es compartido, según él, “por personas relevantes en el mundo jurídico”.
Las respuestas de Rull fueron muy extensas, a tal punto que el interrogatorio ha durado cuatro horas. No se limitó a responder con un sí o un no, sino que las extendía, poniéndolas en contexto, recordando normativas y llegando a repreguntar a la fiscal, lo que motivó ser reprendido por Manuel Marchena, presidente del tribunal, además de aprovechar para manifestar sus opiniones e ideología política.
El ex consejero de Territorio no respondió a las preguntas de Madrigal acerca de la precipitación con la que se aprobaron los días 6 y 7 de septiembre de 2017, “sin firma el secretario del Parlament, sin admisión de enmiendas y desestimando todas las consideraciones”, las llamadas leyes de desconexión, es decir, la ley de referéndum y la ley de transitoriedad. Ante ello, adujo que “otros testigos y acusados podrán explicarlo”, pero aseguró que ambas normas se tramitaron y aprobaron “de acuerdo al reglamento del Parlament”, además de garantizar “la pluralidad política y democrática” de la Cámara catalana.
Respecto al decreto convocando el referéndum independentista, afirmó que lo suscribió “en conciencia” y “en base a una ley plenamente vigente emanada de un parlamento plenamente democrático” en expresión de la “voluntad popular”, aún reconociendo que las leyes de desconexión habían sido suspendidas por el Constitucional después de su aprobación.
En relación a los Presupuestos de la Generalitat, que incluían partidas para consultas populares, también suspendidas por el tribunal de garantías, Rull señaló que “no tenía conciencia de hacer nada malo” porque el Govern creía “posible” un referéndum pactado con el Estado. “Nuestra voluntad antes, ahora y siempre es pactar un referéndum con el Estado”, subrayó, recordando que Rajoy decía que no podía ni quería hacerlo, aunque, en opinión del ex consejero, “sí podía”, puesto que no tenía repercusión penal, pero “no quería”.
Tampoco reconoció saber del documento Enfocats, aunque sí admitió haber participado en las reuniones de su elaboración, y que firmó la hoja de ruta de 2015. En cambio, matizó que no se trataba de un “documento estratégico”, sino de la base del programa de Junts pel Sí. Según explicó, la hoja de ruta determinaba el “carácter plebiscitario” de las elecciones de septiembre de 2015, puesto que se habían “agotado los instrumentos que el Derecho español da para convocar un referéndum”. “Utilizamos todas las vías, lo intentamos más de veinte veces por todos los mecanismos que teníamos a nuestro alcance. Por eso, ¿qué mejor forma que buscar un mandato popular a través de un referéndum?”, cuestionó.
Preguntado acerca de la financiación del 1 de octubre, Rull respondió en la misma línea que Jordi Turull, negando que se “desviasen” fondos públicos para el referéndum a causa del “nivel de control y garantías excepcionales” implantadas por la propia Generalitat. “Un conseller motu proprio no puede gastar si no hay una trayectoria de control absolutamente férrea”, afirmó. Señaló que esto se intensificó e hizo imposible cuando el Gobierno de Rajoy intervino “de manera abusiva” las Cuentas de la Generalitat, quedando la administración catalana como “una gestoría”.
“No se gastó ni un euro público en la organización del referéndum”, insistió el ex consejero hasta en cuatro ocasiones. También se remitió a las declaraciones de Turull y Romeva acerca de la contratación de Unipost para preparar el material electoral o de campañas para el 1-O, además de reiterar que solo puede responder sobre su departamento. Asimismo, dijo desconocer cómo llegaron las urnas y las papeletas a los centros de votación.