Resumen histórico del socialismo español (16)

 Por Eusebio Lucía Olmos.

Segundo gobierno socialista (1/2) (2008-2011)
El 9 de marzo el partido revalidó su victoria de 4 años atrás, ganando los comicios con 169 escaños (5 más que en 2004), frente a los 154 del Partido Popular (6 más que en las anteriores). Quedó así consolidado el bipartidismo, pues los partidos nacionalistas sufrieron un importante retroceso, a excepción de CiU que mantuvo sus 10 diputados. IU perdió su grupo parlamentario propio, al obtener solamente 2 escaños.
Tras las elecciones, y antes de ser inaugurada formalmente la legislatura, Rodríguez Zapatero afirmó que sus prioridades durante ésta serían “la lucha contra la desaceleración económica” y “acordar con el PP y con los demás grupos la política antiterrorista, la reforma constitucional y la renovación de la justicia”. Así, en efecto, se ha ido confirmando a lo largo de los primeros meses de aquélla, que han estado fuertemente marcados por los efectos de la represión económica mundial, a pesar de la cual el gobierno tratará asimismo de consolidar la política social llevada a cabo en la anterior legislatura.
En noviembre de 2008, Rodríguez Zapatero acudió a la reunión del G-20 en Washington para tratar de atajar la crisis económica, después de que la Unión Europea comunicara la asistencia de 5 países en su representación. Apoyó la aplicación de un plan de estímulos fiscales coordinado, una atención a la economía real y una mayor transparencia de las operaciones financieras.
Pero, la crisis económica mundial surgida en Estados Unidos en agosto de 2007, y que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se nego a reconocer por creer en su transitoriedad, dió lugar en nuestro país a otras crisis varias – política, social, institucional y territorial –, ya que a esa delicada situación original vino a sumarse la pérdida de poder local y autonómico, con la excepción del País Vasco. Bien es cierto que el origen del problema nada tuvo que ver con la acción del gobierno del PSOE, como se pretendía hacer creer desde el frente mediático de la derecha, pero no reconocer a tiempo la existencia de una crisis de tan enorme magnitud, ni introducir medidas correctoras o eludir la imprescindible y urgente reforma del sistema bancario, fueron errores cruciales para la gestión del hundimiento, cuya responsabilidad sí se pudo imputar tanto al gobierno  como al Banco de España. La situación se fue complicando y la economía española entró en recesión entre finales del 2008 y principios del 2009, pudiendo haber sido controlada en un primer momento, ya que España sufría un gran endeudamiento privado, pero no así público, puesto que en la anterior legislatura se había alcanzado incluso superávit.
Para mitigar la situación, y con intención de reactivar el consumo, se implantaron algunas medidas que produjeron más críticas que aplausos por parte de los propios perceptores beneficiarios: el famoso “cheque-bebé” de 2.500 euros para todo nacido a partir del 1 de julio de 2007, que benefició por igual a todas la madres, independientemente de sus ingresos familiares; o la reducción de los 400 euros en la deducción del IRPF, que quedó implantado desde marzo de 2008; o la campaña para mitigar la mala gestión en los Ayuntamientos – “el plan E” –, que de bienintencionada inyección de liquidez para éstos se convirtió con excesiva frecuencia en un descontrol de obras absurdas. Mientras tanto, se aprobaban otras medidas directamente impopulares, como la Ley de Economía Sostenible, de noviembre de 2009; o la “ley Sinde”, relativa a la regulación de webs y protección de la propiedad intelectual. Pero, cuando la situación parecía que empezaba a mejorar, una nueva tormenta económica se desencadenó en los primeros meses de 2010, motivando que el Consejo Europeo forzase a España a una reducción del gasto de 30.000 millones de euros. Ello obligó a nuestro gobierno a adoptar una serie de medidas de austeridad, como la subida del IVA, la supresión del “cheque-bebé”, la reducción del sueldo de los funcionarios, la congelación de las pensiones con excepción de las mínimas, la restricción de las jubilaciones parciales, la disminución del gasto por dependencia, el recorte del gasto farmacéutico; todo ello a cambio de la alternativa de un rescate similar a los de Grecia e Irlanda. Todas estas medidas fueron aplicadas bruscamente por el gobierno, sin preparar a la ciudadanía, ni siquiera al Grupo Parlamentario Socialista, por lo que se hicieron públicas a través de los titulares de prensa y deformadas por la intensa presión mediática de los medios de la derecha.

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