Por Eusebio Lucía Olmos.
13.- El PSOE en el Gobierno (1982-1996)
En las elecciones celebradas el 28 de octubre de 1982, el PSOE consiguió más de 10 millones de votos, alcanzando la mayoría absoluta de ambas Cámaras, con 202 diputados y 134 senadores, a los que se sumaron más tarde otros 23, elegidos por las Comunidades Autónomas. Nunca antes un partido político de izquierdas había obtenido un apoyo tan mayoritario en las urnas. El 1 de diciembre, Felipe González fue investido presidente del gobierno, accediendo el partido por primera vez desde su fundación a la tarea de gobernar España en solitario.
El primer gabinete socialista, a cuya cabeza se encontraban Felipe González y Alfonso Guerra, hizo frente inmediatamente a los problemas seculares del país. Se consolidó el sistema democrático; se construyó el modelo autonómico; se normalizaron las relaciones del poder civil con el Ejército, profesionalizando éste; se ejecutaron medidas de saneamiento económico; se llevó a cabo la reforma educativa; se desarrolló una amplia legislación modernizadora sobre temas referidos a la situación de la mujer, el aborto, el divorcio, la libertad sindical, la objeción de conciencia, los derechos de los consumidores y usuarios, etc. La labor internacional fue una de las tareas que produjo efectos de mayor calado, permitiendo que España pasara en pocos años a ser una de las naciones más atractivas de los foros internacionales, tras la firma del Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas en junio de 1985, y la celebración, unos meses más tarde, de un referéndum sobre la permanencia en la OTAN, con resultado afirmativo. España ejerció por primera vez la Presidencia europea durante el primer semestre de 1989.
El conjunto de los sucesivos gobiernos completaron las dos fases que definieron la llamada “década del cambio”: una primera de pacto social por la democracia y la modernización, y una segunda de impulso económico y social.
Entre las realizaciones más apreciables de ambas destacan la ampliación de la cobertura sanitaria a más de 6 millones de personas que, hasta entonces, estaban excluidas del derecho a la prestación pública asistencial; el incremento del número de pensionistas en un 35%, concediendo un total de 2 millones de pensiones nuevas a personas que hasta ese momento no percibían contribución alguna; la ampliación de la cobertura de desempleo; la garantía de educación gratuita y obligatoria de los menores de 16 años y el fortísimo incremento del número de becas. Se impulsó también un programa de modernización de las comunicaciones, sin precedente en la historia de España, que dio como fruto la construcción de nuevas autovías, la modernización de toda la red de carreteras, la instalación del tren de alta velocidad y el funcionamiento del satélite de comunicaciones español, entre otros avances.
En el ámbito interno, el partido realizó en esta etapa un esfuerzo de integración y apertura que posibilitó la incorporación a la organización de otros sectores de la izquierda española, como el liderado por el ex vicesecretario general del PCE, Enrique Curiel (1990), el Partido de los Trabajadores de España (1991) y Euskadiko Ezkerra (1993). Sin embargo, la negativa de UGT en 1988 a aceptar la concertación social en el marco presupuestario, abrió una aguda crisis ente el gobierno y el sindicato hermano, que aumentó más aún tras la elección de Julio Anguita como secretario general del PCE, dando lugar a la huelga general del 14 de diciembre. El alejamiento entre partido y sindicatos se prolongaría ya durante el resto de los gobiernos socialistas, haciendo especialmente difíciles sus relaciones durante el período de crisis económica mundial que arrancó en 1993, y que obligó a aquél a tomar ciertas medidas laborales con la intención – no siempre comprendida por éstos – de facilitar la creación de empleo.
La derecha aprovechó esta recesión para iniciar una sistemática campaña contra el gobierno. Sin embargo, las elecciones de junio de 1993 dieron un nuevo triunfo al PSOE, si bien hubo de formar gobierno con el apoyo interesado de los nacionalistas catalanes, quienes asumieron un protagonismo en la política nacional que iría restando credibilidad a un gobierno que debía hacer frente a graves problemas económicos y sociales. Tras las elecciones, la derecha incrementó más aún la nómina de sus cómplices fácticos y mediáticos, así como la intensidad de su campaña contra el partido, que no había sabido sustraerse al general ambiente de corrupción que inundó la sociedad española de los años 90. Los escándalos económicos, financieros y de ciertas actuaciones en la política antiterrorista vinieron a unirse al abandono de la organización por parte de los independientes que González había incorporado las listas electorales para dar credibilidad ala renovación de aquélla. La ciudadanía echó en falta el “cambio por el cambio” prometido.