Por Eusebio Lucía Olmos.
12.- Consolidación política (1977-1982)
Tras las primeras elecciones democráticas, los principales partidos llegaron a unos puntos de acuerdo para hacer frente a la aguda crisis económica que había afectado a España, pudiendo garantizar así un clima de estabilidad y desarrollo pacífico para la democracia. Fueron los llamados “Pactos de la Moncloa”, firmados en el mes de octubre, que darían paso a la elaboración de una Constitución consensuada que permitiría sentar las bases de una estabilidad política democrática.
La nueva Carta Magna, fue sometida a referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo aprobada por el 88% de los votos. A las elecciones generales de marzo de 1979 se presentó un PSOE que había realizado una seria labor de integración de los grupos socialistas surgidos durante los últimos años del franquismo, así como la reunificación con los socialistas históricos. La coalición centrista UCD ganó por estrecho margen, mientras que el PSOE quedó en segundo lugar, con más de 5 millones de votos y 121 diputados. Las elecciones municipales, celebradas un mes más tarde, dieron la mayoría a la izquierda en las poblaciones de más de 10.000 habitantes y en una gran parte de las capitales de provincia. El partido socialista fue el más votado en 1.100 municipios, obteniendo más de mil alcaldías, tras la firma de un pacto municipal con el PCE.
El XXVIII Congreso, celebrado en mayo de 1979, tuvo una especial relevancia por producirse en él un tenso debate sobre la orientación ideológica del partido. La propuesta que le definía como “marxista de clase” ganó por una amplia mayoría, frente a otra definición más abierta y plural. Felipe González, que había efectuado previamente ciertas declaraciones polémicas rechazando el exclusivismo marxista, anunció su renuncia a presentar su candidatura como secretario general. Finalmente, el Congreso acordó nombrar una comisión gestora con el mandato de preparar uno extraordinario, tras celebrarse un amplio debate sobre la cuestión en todo el partido.
La eterna cuestión latente entre los sectores radical y reformista del socialismo español volvía a surgir ahora ante una sociedad y un contexto mundiales totalmente distintos a los de los años 30. El Congreso extraordinario, celebrado en el mes de septiembre, reafirmó el carácter democrático y federal de la organización, rechazando el exclusivismo marxista, y manifestándose abierto a todas las aportaciones que había contribuido a configurar el socialismo. La Conferencia de Organización y Estatutos, celebrada en marzo de 1983, profundizaría más aún en el pluralismo interno, abriendo ciertos cauces de participación a las minorías en los órganos deliberantes, reconociendo expresamente las “corrientes de opinión”.
La votación de la investidura de Calvo Sotelo, tras la dimisión de Adolfo Suárez, fue el momento elegido para el intento violento de golpe de Estado, la tarde del 23 de febrero de 1981. Un grupo de guardias civiles tomó el Congreso de los Diputados, mientras el capitán general de la región de Levante sacaba las tropas a la calle. Tras un discurso televisado del rey aquella noche, los últimos núcleos de resistencia a la legalidad democrática depusieron su actitud. El rechazo del pueblo español fue prácticamente unánime, como lo demostró en las concurridísimas manifestaciones convocadas en toda España el día 27.
Pero la coalición gubernamental se iba desintegrando poco a poco, en medio de fuertes divisiones internas, al tiempo que entre la opinión pública se extendía rápidamente la convicción de que era necesario un cambio político profundo. El partido socialista, que se había convertido ya en una sólida organización de más de cien mil afiliados, elaboró una cuidada estrategia orientada a perfilar un proyecto político capaz de lograr el apoyo de una amplia mayoría social para el cambio. Este proyecto se componía de una parte ideológica (los ideales de cambio propios del socialismo) y otra nacional (la vertebración y modernización del país).