El requerimiento a la Junta de CyL es lo previo a medidas judiciales

El requerimiento a la Junta de CyL es lo previo a medidas judiciales

El Gobierno ha enviado un requerimiento a la Junta de Castilla y León (CyL) por la posibilidad de que el Ejecutivo castellanoleonés aplique medidas antiabortistas.

Todo ello, con la advertencia de que dicho requerimiento es el paso previo a medidas judiciales “en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa”.

Así lo ha trasladado este lunes Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno.

De este modo responde el Ejecutivo a lo anunciado por Juan García-Gallardo (Vox), vicepresidente de la Junta de CyL, de aplicar un protocolo modificado a las mujeres que quieren abortar al que denominó ‘provida’.

Entre las acciones que incluye esta ‘vía húngara’, la obligación por parte de los facultativos de ofrecer la escucha del latido del feto. Además, atención psicológica para la embarazada y una ecografía 4D.

El dirigente de ultraderecha, asimismo, ha insistido este lunes en que los médicos tendrán la obligación de ofrecer estas medidas.

Eso, pese a que Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta castellanoleonesa, haya negado que se vaya a obligar a embarazas y facultativos. Decidirán, dijo, “libremente” sobre la información que las pacientes quieran recibir.

Lo que sí ha anunciado Mañueco es una mejora de “las prestaciones” a la mujeres embarazadas. “Las medidas que se implantarán mejoran y modernizan las prestaciones y las actuaciones en la aplicación de la cartera de servicios de atención a la mujer embarazada, no se modifica la cartera de servicios del Estado básica y común para España ni protocolo de Castilla y León”, explicó.

Al tiempo, ha mostrado su “estupefacción” por el requerimiento del Ejecutivo central, aunque, según dijo, no lo han recibido todavía.

Un requerimiento para recordar la ley

Mediante dicho requerimiento, el Gobierno expone que “velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas” a los derechos de las mujeres.

“En ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración pública alguna”, abunda.

Por tanto, insta a la Junta de CyL que se abstenga de aprobar y aplicar medidas que menoscaben o vulneren lo establecido en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Asimismo, avisa de que, si ya se ha adoptado alguna, cese “de inmediato” cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación en ese sentido.

Es decir, “cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación” a los facultativos para “obligar” o “sugerir” que una mujer embarazada no ejerza su derecho a abortar.

Al mismo tiempo, “se exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales”.

Igualmente, deben comunicar al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales con las que pretenden realizar las actuaciones anunciadas.

Para terminar, si no se atiende el requerimiento “integra e inmediatamente”, el Gobierno “no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales”.

Justifica porque las medidas que el vicepresidente castellanoleonés anunció contravienen “abiertamente el ordenamiento jurídico”.

Asimismo, desliza que el Ejecutivo estudiará otras acciones legales. Las medidas anunciadas “podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma”.

Cabe recordar que el requerimiento es el paso previo y obligado para que un Gobierno autonómico cumpla con la ley si se sospecha que no lo hace. Si no se atiende, podría dar lugar a recursos ante el Tribunal Constitucional. Incluso, a la aplicación parcial o total del artículo 155 de la Constitución.

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