Naturgy actúa casi como un monopolio en la red de gas española, por lo que la oferta de IFM por el 22,69% de la gasista supondría dejar en manos de fondos de pensiones extranjeros casi la totalidad de un sector estratégico como es el gas.
No hay que olvidar que CVC ostenta el 20,7% del capital de Naturgy y que GIP controla otro 20,6%. Si IFM se hace con ese 22,69%, el 66% del capital de la compañía de esta red de gas quedaría bajo el control de tres fondos extranjeros.
Por eso, al Gobierno de Pedro Sánchez no le gusta la oferta y ha instado a Criteria, que posee el 24,4% de las acciones, mediante CaixaBank, a que proteja a Naturgy.
Con todo, no es fácil que la operación salga adelante con holgura. Por el momento, existe el mecanismo, no utilizado hasta ahora, de que la oferta debe someterse a múltiples valoraciones.
IFM quiere entrar en un sector estratégico y con más del 10%. Lo que haga el Ejecutivo autorizando o no la operación sentará precedentes. A favor del fondo de pensiones australiano, la operación Macquare con Viesgo, aunque hay grandes diferencias, como la envergadura del movimiento.
También, la red de oleoductos de CLH, aunque igualmente con la gran diferencia de que ese negocio no tiene un retribución regulada por el Estado. Además, ya en su día el CNMC emitió un duro informe con crítica por los dividendos que se repartían.
Ante todo esto, sorprenden varias cuestiones sobre este asunto. De un lado, que el Gobierno califique la oferta de IFM como amistosa. Voluntaria, no solicitada, sí, pero amistoso no es poner en riesgo un sector como la red de gas.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Nadia Calviño, de Economía, así lo hicieron, aunque ambas coinciden en que hay que estudiarla con “mucho cuidado”. Sorprendente también es que Teresa Ribera, ministra del ramo, aún no se haya pronunciado.
No obstante, Calviño quiso subrayar que “el hecho de que los inversores extranjeros muestren interés por empresas españolas es un signo positivo de confianza y de que España es un país con perspectivas económicas buenas y con buenas empresas”.
Con todo y con eso, IFM confía en que haya una respuesta en menos de tres meses. Sin embargo, fuentes jurídicas calculan un plazo no anterior a después de verano.