Este martes, el Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos contra el impuesto a las grandes fortunas, un tributo temporal y de solidaridad.
El impuesto grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantías superiores a los 3 millones de euros. Los Gobiernos de Galicia y Madrid presentaron sendos recursos.
Al tiempo que la Corte de garantías admite a trámite los recursos, rechaza suspender cautelarmente este tributo. Ya lo había hecho cuando el Ejecutivo presentó un recurso y pedía dicha suspensión cautelar.
Cuando el TC admitió a trámite el recurso el pasado 21 de marzo, también rechazó la suspensión. Sin embargo, la Junta presentó una súplica, que es la que ahora rechaza el Constitucional.
El tribunal defiende que “la denegación de la medida cautelar responde a la manifiesta falta de cobertura legal, en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de una decisión de suspensión de la eficacia o la ejecución de las leyes estatales”.
En el caso del Gobierno andaluz, el recurso contra el impuesto a las grandes fortunas sostiene que invade sus competencias.
A ese respecto, señala el TC, “la resolución apropiada para denegar la solicitud realizada por el recurrente era la providencia”.
“El sentido de la decisión del tribunal era únicamente el de constatar, sin más, la imposibilidad jurídica ‘a priori’ de proceder del modo interesado por la parte actora”, razona.
No hay, “por tanto, posibilidad alguna de entrar a dar respuesta a los argumentos esgrimidos a favor de su adopción”, concluye.
Asimismo, admite a trámite los recursos que presentaron después los gobiernos regionales de Galicia y Madrid.
Del mismo modo, rechaza la suspensión cautelar que pedía el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
A juicio del Gobierno de Madrid, el nuevo gravamen podría vulnerar los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad.
A su vez, sostiene que vulneraría la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas.