Querella contra Puigdemont por rebelión, sedición y malversación

Se solicita que se fije una fianza de 6.207.450 euros.

José Manuel Maza, Fiscal General del Estado, presentó ayer las querellas por rebelión, sedición y malversación de fondos, además de otros delitos, en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, los 13 exconsejeros del Govern catalán y contra la presidente del Parlament, Carme Forcadell, así como contra otros cinco miembros de la Mesa de la Cámara.
Las querellas por rebelión se basan en los hechos sucedidos entre el 6 y 7 de septiembre, cuando se aprobaron las leyes de desconexión de Cataluña, y cuando Puigdemont se presentó el sábado pasado como presidente de la Generalitat en un discurso grabado en Girona, a pesar de que ya había sido cesado al aplicarse el artículo 155 de la Constitución. A su vez, se hace referencia en especial al día 1 de octubre, fecha en que se celebró el referéndum ilegal de autodeterminación que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y prohibido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y todo ello dentro del marco del Plan independentista del 9 de noviembre de 2015, fecha en que Junts pel Sí y la CUP aprobaron la resolución independentista.
Refiriéndose a los querellados, Maza recordó en la comparecencia en la que anunció estas querellas, que “con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada, con total desprecio a nuestra Constitución, el pasado 27 de octubre”. Igualmente, sostiene que con su desobediencia sistemática a las resoluciones del más alto tribunal alentaron “un movimiento de insurrección activa entre la población frente a la autoridad legítima de las instituciones del Estado con el fin de conseguir su objetivo secesionista”. En el texto de la querella se hace alusión a la resistencia pacífica de las movilizaciones que no eran, según la querella, “sino un eufemismo de lo que en realidad consistía en una incitación, difundida con publicidad y dirigida a los sectores independentistas de la población, para que se opusieran e hicieran frente a la actuación de los agentes de la autoridad a fin de que, en definitiva, no pudieran cumplir la orden judicial de impedir la celebración del referéndum”, insistiendo en varias ocasiones en que los querellados eran conscientes y asumían las consecuencias que trajeran sus incitaciones.
En la querella, que consta de 116 páginas, se pormenorizan los diferentes incidentes acontecidos tanto en los días previos al 1 de octubre, en esa misma fecha y en los días posteriores.

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