Los remanentes de tesorería que tienen buena parte de las entidades locales alcanzaron la cifra de 16.727,2 millones de euros en el año 2019. Se registraron los mayores montantes en Cataluña, Canarias y Comunidad Valenciana.
Estos son los cálculos realizados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a partir de la información presupuestaria de 2019. Se las facilitaron las entidades locales hasta el pasado 31 de agosto de este año.
En concreto, el saldo no financiero de las entidades locales es de 4.858,1 millones de euros. Los mayores saldos se registran en los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (930,3 millones de euros), Andalucía (898,1 millones), Canarias (676,8 millones) y Comunidad Valenciana (588 millones).
En cuanto a los remanentes de tesorería que las entidades tienen depositados en los bancos, al no poder haber hecho uso de los mismos, encabezan las mayores cifras las regiones de Cataluña (2.567,1 millones), Canarias (2.125,2 millones), Andalucía (1.917 millones), Comunidad Valenciana (1.675 millones) y la Comunidad de Madrid (1.361 millones).
Hacienda anunció el pasado lunes que impulsará un nuevo decreto ley para que los ayuntamientos cuenten con más recursos para afrontar la crisis del coronavirus. Este nuevo decreto, incluirá la suspensión de la regla de gasto para el año 2020 y tendrá un impacto superior a los 3.000 millones de euros.
Los técnicos de Hacienda creen que es un “acierto” que el Gobierno retome, con un nuevo real decreto ley, las medidas que tienen un mayor consenso. En cambio, fueron rechazadas en el Congreso.
También se modificarán los Presupuestos para financiar las mayores entregas a cuenta a los municipios, en este año. Además, para incorporar la liquidación de la financiación de los municipios correspondiente a 2018.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria impide utilizar los remanentes
Según Gestha, el nuevo real decreto permitirá a los municipios más solventes utilizar parte de sus remanentes. De este modo compensarán el déficit que se va a producir en 2020 y 2021, cuando disminuyan las entregas a cuenta estatales por la caída de la recaudación provocada por la pandemia en este año 2020.
La regla de gasto –Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 impulsada por el anterior Ejecutivo del PP– impide a los Ayuntamientos utilizar su superávit.
La nueva iniciativa de Hacienda llega después de que el Congreso tumbara el pasado jueves el decreto ley que recogía el acuerdo con la FEMP para la cesión al Estado de los remanentes municipales. Sólo contó con los votos afirmativos del PSOE, Unidas Podemos y Teruel Existe.
Los alcaldes que se opusieron al real decreto de Montero exigen que el fondo Covid de 5.000 millones para los ayuntamientos sea incondicionado. Así sucede con las Comunidades Autónomas. También piden que no dependa de los remanentes y que sea el Estado el que sufrague los fondos adicionales para los municipios.
De su lado, los partidos de izquierdas abogan por eliminar el veto al déficit de las entidades locales.