Francisco Granados, ex consejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, será procesado en el marco del caso ‘Púnica’.
Así lo ha acordado este viernes el juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón.
A su vez, exonera a la ex presidente madrileña y a Ignacio González, su sucesor, por la supuesta caja B del PP de Madrid.
Con ella, presuntamente, se habrían financiado en parte las elecciones de 2007,2008 y 2011.
De este modo, el magistrado García Castellón se alinea con la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público solicitó la exculpación de Aguirre y de González, pero puso en la cabeza de la ‘Púnica’ a Granados.
Las investigaciones de la AN sobre esta pieza separada acerca de la supuesta financiación ilegal de los populares madrileños datan de 2014.
En concreto, las pesquisas se dirigieron a esclarecer si hubo financiación irregular en las campañas autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008.
Igualmente, los contratos adjudicados, más concretamente, los de reputación on-line para posicionar en redes sociales a altos cargos del PP.
En ese sentido, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha señalado que los hechos relativos a 2007 y 2008 han prescrito.
Sin embargo, ve indicios de delito en los relacionados con los comicios de 2011. Detalla que los costes totales de las elecciones municipales y autonómicas sumaron para el PP de Madrid 6,8 millones de euros. En cambio, la cuenta electoral registró unos gastos de 2,9 millones.
Por esa es la razón, procesa a ocho personas. En concreto, a Granados y a Beltrán Gutiérrez, ex gerente del partido en Madrid, y a los que sitúa como máximos responsables de la supuesta trama.
Además, a Alejandro de Pedro, Borja Sarasola, Diego Mora, Francisco Lobo, Isabel Gallego, José Martínez Nicolás y las empresas EICO Reputación Management y Madiva Editorial y Publicidad.
Según el magistrado, se enfrentarían a unos posibles delitos electorales. También, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, falsificación y cohecho.
Con este acuerdo, García Castellón archiva el caso para los otros 71 imputados, además de rechazar la petición del PSOE de imputar al PP.