Puigdemont pide amparo al Tribunal Constitucional

Puigdemont pide amparo al Tribunal Constitucional

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, que se encuentra huido de la justicia española en Bélgica, ha solicitado al Tribunal Constitucional la suspensión “inmediata” de la decisión de Pablo Llarena, juez instructor del ‘procés’, de seguir con las órdenes nacionales de búsqueda, captura y detención que fueron dictadas contra él y contra Toni Comín, exconseller de la Generalitat, después de ser elegidos diputados en el Parlamento Europeo.
Tal como se recoge en el recurso presentado ante el tribunal de garantías el día 2 de enero, al cual ha tenido acceso Europa Press, la decisión que adoptó el magistrado en junio de 2019 y que la Sala de lo Penal avaló dos meses después, una vez se conoció que haberse proclamado eurodiputados es «manifiestamente arbitraria».
Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, ha subrayado en su escrito que en caso de no ser aceptada esta medida cautelarísima, que considera debe tramitarse urgentemente, se perdería el objeto del recurso puesto que los líderes independentistas «podrían ser detenidos, mientras se tramita este recurso de amparo, por unas órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión que no han sido autorizadas por el Parlamento Europeo».
Considera el abogado que esto sería lo contrario a lo que dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, reconociendo la inmunidad de Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, desde el 13 de junio de 2019 que fue proclamado eurodiputado.
Contra la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la cual preside el juez Manuel Marchena, ha sido contra se ha interpuesto el recurso de amparo, puesto que confirmó el criterio del instructor del ‘procés’ rechazando anular la orden de detención nacional. La Sala considera que para adquirir este privilegio ha de haber adquirido la condición de eurodiputado, algo que no sucedió, sino que únicamente es europarlamentario electo sin adquirir esa condición.
Esta decisión es la que llevó a tanto a Puigdemont como a Comín, a no comparecer ante la Junta Electoral Central para llevar a cabo los trámites necesarios y adquirir sus actas de diputados. De este modo, el 20 de junio de 2019, este órgano acordó no dar efecto a la promesa o juramento, declarando vacantes los escaños que correspondían a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Antoni Comín. Dichas resoluciones han sido impugnadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

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