Quim Torra se ha convertido en el tercer president consecutivo, después de Artur Mas y Carles Puigdemont, que acaba en los tribunales. Tras su inhabilitación por el Tribunal Supremo, se convierte, además, en el segundo en ser inhabilitado, pero el primero en serlo estando en el cargo.
Dos años y cuatro meses después de ser investido, no sin polémica, dice adiós como presidente de la Generalitat. La idea primigenia del independentismo era haber vuelto a hacer president a Puigdemont, pero aquello fracasó.
También fracasaron los intentos de investidura de Jordi Sànchez y Jordi Turull, evidenciando la división en el seno del independentismo. Fue entonces cuando empezó a sonar el nombre de Torra como candidato a ocupar la Presidencia. El propio Puigdemont sentenció y lo designó como su sucesor. El Parlament lo invistió el 14 de mayo de 2018.
Su mandato ha estado marcado por las disputas internas en el Govern, las discrepancias con sus socios y el enfrentamiento con el Estado central. Leal al ex presidente catalán, incluso consultaba con Puigdemont sus decisiones, lo consideró siempre el president legítimo.
Con él coincidía en la prioridad de hacer realidad la independencia de Cataluña, llegando a plantear que en su legislatura habría un momento para ello. Aquello nunca llegó, entre otras razones por la división interna del soberanismo y las estrategias partidistas de JxCat y ERC.
Antes había que resolver el debate entre si abordar la secesión mediante la confrontación o el diálogo con el Estado. Su opción siempre fue la primera, lo que era, per se, un salto al vacío.
Pese a sus reticencias, Torra aceptó el diálogo con el Estado español
A pesar de su recelo a dialogar con el Gobierno de España, Torra se reunió con Pedro Sánchez en diciembre de 2018. Un primer encuentro, en el Palau de Pedralbes, que suponía restablecer relaciones entre el Ejecutivo y la Generalitat después del 1-O. Aquello fue un fracaso.
Sin embargo, ya en febrero de 2020, fue Sánchez el primer presidente del Gobierno en ir a la Generalitat desde que lo hiciera José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Entonces, se celebró la primera y única reunión de la mesa de diálogo sobre la situación política en Cataluña.
Era lo pactado por el PSOE y ERC para que estos últimos facilitaran la investidura del presidente. Desde aquel encuentro, no se ha convocado una segunda reunión porque, además de la epidemia, Torra lo ha bloqueado.
En plena lucha preelectoral, lo que menos le interesaba al president era una escenificación de una posible aceptación de diálogo con el Estado ‘opresor’.
Un mandato plagado de enfrentamientos
Ya antes, Torra protagonizó numerosos episodios de enfrentamiento con el Estado central y las instituciones no catalanas. De hecho, uno de ellos, y su reiteración, es el que le ha llevado a su inhabilitación: negarse a retirar los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat durante la campaña electoral de 2019.
La Junta Electoral Central (JEC) le advirtió en dos ocasiones, con sendas negativas del president, provocando su inhabilitación por parte de la JEC. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo condenó a año y medio sin poder ejercer cargo público electo.
Luego el Tribunal Supremo avaló la decisión de la JEC de retirarle el acta de diputado. Esto le llevó a amenazar a ERC con convocar elecciones si el Parlament acataba la sentencia, como así fue, aunque siguió siendo presidente. Con todo, anunció el adelanto electoral, pese a lo cual nunca llegó a firmar la convocatoria.
Puigdemont influyó decisivamente en la decisión de no convocar elecciones
Puigdemont estuvo detrás de esa decisión de no convocar elecciones antes de la sentencia firme del Tribunal Supremo, que llegó ayer.
Y ahora ¿qué? Con el independentismo dividido y con diferencias insalvables, se abre un periodo de profunda incertidumbre. En la teoría, Pere Aragonès (ERC), vicepresidente de la Generalitat, debería asumir la Presidencia y tiene dos opciones que se convierten en tres.
Por un lado, presentar un candidato que pueda congregar los votos necesarios para lograr una investidura más o menos consensuada. Una labor harto difícil porque el candidato que presenten los republicanos no gustará a los posconvergentes, y viceversa.
De hacerlo así, y falla la investidura, cosa casi segura, se abre el plazo para encontrar otro u otros candidatos o candidatas y volver a someterlos al aval del Parlament. La CUP no va a apoyar.
Tampoco los comuns, que se abstendrán, ni el PSC, que crece en intención de voto. Por supuesto, Ciudadanos y PP mostrarán su rechazo a cualquier candidato proindependencia.
Naturalmente, el resto de fuerzas políticas podría presentar una candidatura alternativa a los independentistas, pero estaría igualmente condenada al fracaso.
Si nada de ello funciona, como así será, la Cámara catalana se disolverá automáticamente y Roger Torrent, su presidente, convocará elecciones.
La otra opción, la tercera si hubiera una candidatura no independentista, es que Aragonès firme la convocatoria electoral en los próximos días. De no hacerlo, se da por hecho que en enero o febrero, agotados los plazos (dos meses desde el primer intento), se celebrarán los comicios, abriéndose una verdadera carnicería dentro del secesionismo.
Entretanto, Cataluña se asomará a un abismo asediada por una epidemia por la que muchos catalanes sufrirán ante la inacción de sus políticos.