¿Puede la interventora de la Generalitat estar de espaldas a la ley?

Hacienda le reclama que informe del coste del 1-O.
En una carta, fechada el 15 de enero, remitida por José Enrique Fernández de Moya, secretario de Estado de Hacienda, dirigida a Rosa Vidal, Interventora General de la Generalitat, se le exige que cumpla el requerimiento cursado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, por el que debe enviar al Ministerio de Hacienda los datos relativos a la financiación del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, advirtiendo expresamente de que, si no cumpliera la orden, podría incurrir en “responsabilidades personales”. Entonces se le daba un plazo de nueve días, hasta el 24 de enero.
El juez ha pedido distintas informaciones al departamento de Montoro, como responsable de las cuentas catalanas tras la aplicación del artículo 155, acerca del pago de informes previos a la celebración del referéndum, de la publicidad en los medios, del pago para la creación de los diferentes eslóganes, el pago de su difusión en los diferentes medios de televisión, radio y prensa, del material electoral, como urnas, papeletas, sobres y gastos del envío efectuado por Unipost y otras compañías. Igualmente, los gastos relacionados con las webs creadas para difundir el referéndum y los costes de los medios informáticos para la emisión y escrutinio, y, a la vez, de los costes relacionados con el traslado y estancia de los observadores internacionales invitados. También sobre el pago de los actos de apertura y clausura del referéndum y el pago a personal para llevarlos a cabo.

Expedientes y participantes
A su vez, se reclama de la Intervención General de la Generalitat que recopile información de diversos expedientes, con indicación de aquellos que intervinieron en los mismos, desde su inicio, tramitación, adjudicación, formalización y ejecución, incluyendo su fiscalización y recepción. Pormenorizando, el contrato bajo la firma de DFP-Creativitat y Producciò Campanya, Registre Cat.Exterior, que se adjudicó a Estudi Dada SL, el expediente de contratación PR-2018-428, de difusión publicitaria, así como la ejecución del contrato de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales relativa a la emisión de la campaña Civisme, con publicidad relacionada con la inscripción en un registro de catalanes en el exterior, instrucciones para votar y el spot publicitario “Ahora más que nunca, el futuro de Cataluña está en tus manos. Participa en él. El 1 de octubre, referéndum”.
El secretario de Estado también reclama a la Interventora General un informe justificativo sobre otra petición ya cursada en septiembre que se refería a una campaña institucional de la Generalitat en relación al 1-O. Este ultimátum es consecuencia de que se respondiera a la reclamación del juez a la Generalitat, diciendo que ninguna de las consejerías había realizado gasto alguno en el referéndum, firmando los directores de servicio de cada una de ellas, entre las que estaba Elsa Artadi y Natalia Garriga, que fue detenida el 20 de septiembre en el transcurso de la Operación Anubis por este mismo juez.

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