Una vez derogado el delito de sedición, el PSOE quiere reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) en una oferta a los independentistas catalanes.
Así, su intención es rebajar el alcance del artículo 384. En virtud de éste se pudo despojar de sus actas de diputados en el Parlament y en el Congreso a varios líderes del procès cuando estaban procesados. En cambio, todavía no se les había condenado.
De este modo, Raül Romeva, Oriol Junqueras, Josep Rull y Jordi Turull perdieron su condición de diputados en la Cámara catalana.
Posteriormente, fue el Congreso el que desposeyó de esta condición a los tres últimos y a Jordi Sànchez. Además, se ha empleado para suspender en sus cargos públicos a otros políticos independentistas.
Enmiendas del PDeCAT a la LeCrim
Todo esto viene por las dos enmiendas que introdujo el PDeCAT para derogar este artículo. Una primera, en noviembre, enmendando la Ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de la Justicia.
La segunda, la semana pasada, mediante una enmienda durante la tramitación de, entre otros asuntos, la derogación, precisamente, del delito de sedición.
Así, durante el debate de la enmiendas a la reforma del Código Penal, el PSOE no entró en ésta. Sin embargo, sí lo hizo en la tramitación de la otra norma en la Comisión de Justicia, donde aún se debate.
De esta forma, los socialistas ofrecen una enmienda transaccional al artículo 384 bis de la LeCrim.
Requisitos
En concreto, el planteamiento consiste en suspender del cargo público cuando el delito sea “grave o muy grave” y exista “violencia o intimidación”.
Asimismo, que el delito “lleve aparejada una pena de inhabilitación o suspensión de igual naturaleza”.
Además, que “la medida cautelar resulte necesaria para prevenir el riesgo de comisión de hechos delictivos concretos relacionados con el que es objeto del proceso”.
Por último, que “sea solicitada por el Ministerio Fiscal o por acusación personada”.
Una vez que se solicite, se convocará una audiencia, a celebrar en los cinco días siguientes, y en la que debe estar presente el procesado.
Igualmente, deberán acudir el letrado de la defensa, el Ministerio Fiscal y las demás partes.
Por su lado, el PDeCAT se apoya, para pedir la derogación del artículo, en una resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ésta señala que el artículo 384 bis de la LeCrim “constituye una violación del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.