El PSOE propone cárcel para los que incumplan la Ley de Memoria

Se cumplen diez años de la aprobación de la ley.
El PSOE, con Odón Elorza a la cabeza, ha registrado en el Congreso una proposición para actualizar la Ley de Memoria Histórica que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero, hace ahora diez años. En ella se plantea que se castigue con prisión y se inhabilite para ocupar un cargo público o para presentarse a las elecciones a aquellos cargos, autoridades o funcionarios, que bloqueen la aplicación de esta ley.
La proposición de ley incluye reformar el Código Penal, creando un artículo que castigue con cárcel de un año y seis meses a cuatro años a quienes, por sí mismos o como miembros de un organismo colegiado, resuelvan o voten en contra de la aplicación o el desarrollo de disposiciones relativas a la memoria democrática, bloqueando o incumpliendo las acciones pertinentes. Además, podrían ser multados de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un periodo de entre 9 y 15 años.






Impulso de la memoria democrática
Asimismo, se modificaría el artículo 510 del Código Penal con el fin de castigar las manifestaciones de odio contra las víctimas del franquismo, el enaltecimiento del franquismo coma así como se ilegalicen las asociaciones o fundaciones que organizan actos de exaltación franquista con la justificación de fines sociales. Se prevén distintas indemnizaciones especiales para quienes hayan sufrido lesiones incapacitantes, así como, desde la entrada en vigor de la nueva ley, se establece un plazo de doce meses para crear un marco institucional para impulsar políticas públicas relativas a la conservación y el fomento de la memoria democrática.
La nueva ley fija un plazo de doce meses, prorrogables seis más, para que, previo informe de la Comisión Técnica de Memoria Histórica, las Administraciones Públicas redefinan los callejeros y el nombre de las entidades locales, al igual que retirar honores y distinciones concedidos a los adeptos al franquismo.

Eliminación de la simbología franquista iglesias y cementerios
Escudos preconstitucionales y placas con el símbolo del yugo y las flechas deberán retirarse de todos los edificios del país. Igualmente, en la nueva ley se prohíbe la exhibición de símbolos de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura en cementerios públicos para lo que invita a ordenar la “inmediata retirada” de la simbología ya existente y requerir a la Iglesia para que elimine la de templos y cementerios o de cualquiera de sus propiedades, de forma que, si en seis meses no lo hace desde el requerimiento, serán los ayuntamientos quienes procedan a cumplir con la ley.
El PSOE propone un plazo máximo de dos años, desde que se inicie el proceso legal, para realizar las exhumaciones de restos, si bien, el periodo se podría ampliar si se acredita falta de medios o acontecimientos sobrevenidos. En ese sentido, los socialistas quieren proteger la financiación de las políticas de memoria democrática y, para ello, incluye la obligación de que los Presupuestos Generales del Estado contengan una partida anual suficiente para los trabajos de localización y exhumación de fosas, además de garantizarse fondos para ciertas medidas a impulsar, como el banco de ADN, el Censo Nacional de Víctimas, la Comisión de la Verdad, el Consejo de la Memoria de España y la redefinición del Valle de los Caídos.






Finalmente, se propone en la nueva ley que el 31 de octubre sea el “Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura”, eligiéndose esa fecha por ser el día en que, en 1978, las Cortes Generales aprobaron la Constitución actual. Odón Elorza, secretario del Área de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE, ha sido quien ha registrado esta proposición de ley en el Congreso, cumpliendo, así, una serie de compromisos que los socialistas tenían pendientes, ha dicho, y permitiendo que se priorice “la apertura de todas las fosas” y se saquen “los restos de todas las personas asesinadas en la Guerra Civil y la dictadura”, recuperando “su dignidad y su memoria” y satisfaciendo a sus familias y a los colectivos de la memoria democrática.

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