Ha surgido el primer encontronazo entre el PSOE y Unidas Podemos y sus posibles socios para lograr la investidura de Pedro Sánchez. Los nacionalistas y los partidos de izquierdas han optado por posicionarse en contra, además de lanzar críticas por el Real Decreto de medidas urgentes para la administración digital, el cual fue aprobado con el fin de romper las pretensiones de la Generalitat de elaborar una república digital catalana. El texto del Ejecutivo, en vigor desde el 6 de noviembre, se ha convalidado por 50 votos favorables de los socialistas, más el apoyo de Ciudadanos y Partido Popular, en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. A pesar de estar en contra, Podemos ha tenido un gesto hacia su futuro socio de Gobierno y se ha abstenido. Por su parte, votaron en contra Vox y los nacionalistas sumando, ambas formaciones, 10 votos.
Durante la campaña electoral, se comprometió con que su Gobierno no iba a consentir ningún intento de una república catalana digital, como indicó la Generalitat: “No va a haber independencia offline ni online, el Estado va a ser igual de contundente en el mundo digital que lo es en el mundo real”. Tras ello, el Ministerio de Economía trasladó al Consejo de Ministros un proyecto de real decreto con el que se podrá, “con carácter excepcional y transitorio”, la intervención y la “gestión directa” de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas “en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”.
Ese Real Decreto es de una necesidad urgente y así lo ha defendido Nadia Calviño, ministra de Economía en funciones, en la Diputación Permanente. En cambio, casi todos los socios políticos con los que el PSOE piensa mantener negociaciones se han mostrado en contra. De este modo, ha recibido la oposición frontal del PNV, Más País, ERC, Junts per Catalunya y EH Bildu.
“Vulnerar los derechos digitales de los ciudadanos catalanes no le saldrá gratis a Pedro Sánchez. Hoy ha puesto una piedra muy gorda encima de la mesa a la hora de hacer mucho más difícil su investidura”, ha avisado Jordi Puigneró, conseller de Políticas Digitales y Administraciones Públicas de la Generalitat, de Junts per Catalunya.
Por su parte, C’s ha trasladado que algunos aspectos restrictivos despiertan su malestar, pero finalmente la ha respaldado, y el Partido Popular, a pesar de considerar que existen dudas acerca de la constitucionalidad del decreto, también se ha mostrado a favor. Por su parte, Vox ha basado su rechazo por entender que socava “la libertad de expresión”.
El debate, a pesar de haber sido duro y bronco, ha resultado esclarecedor acerca de por dónde puede caminar la próxima legislatura. La pretensiones recentralizadoras y coercitivas del real decreto han recibido las críticas de los presuntos socios del Gobierno de Sánchez. PP, C’s y Vox han recriminado al PSOE que ahora busque su respaldo cuando, a la vez, está negociando con otros partidos. Pero el hecho de que tanto Partido Popular como Ciudadanos hayan respaldado un decreto del Gobierno del PSOE, vislumbra que, en caso de no salir en la investidura un Gobierno de izquierdas, podría dar lugar a un gobierno de gran coalición.
La ministra de Economía en funciones trató de trasladar la importante necesidad de este real decreto, puesto que con el mismo se pretende evitar el robo de datos personales, el hackeo de dispositivos móviles, los ciberataques contra infraestructuras críticas o el uso indebido del censo o los datos fiscales de los ciudadanos. La intención, además, es defenderse de un modo más eficaz ante los ataques informáticos contra los procesos electorales o las actividades de desinformación, como las llamadas fake news (noticias falsas).
Uno de los objetivos del decreto es cerrar la vías al independentismo, de modo que no pueda aprovechar el proceso de transformación digital de la Administración con finalidad contraria al orden constitucional.
Calviño señaló que no se pretende controlar ningún medio de comunicación, algo de lo que le habían acusado los partidos nacionalistas, aunque sí se pretende poseer normativas, al igual que los demás países europeos, cuando se den circunstancias de especial gravedad en las redes.
La ministra no consiguió convencer a la mayor parte de sus posibles socios para la investidura. Las críticas del Grupo Mixto fueron numerosas. Joan Baldoví, dirigente de Compromís, consideró que, con este decreto, España estaría al mismo nivel de países muy poco democráticos como es el caso de China, Arabia Saudí o Irak, por el hecho de que se pueda intervenir internet.
Mertxe Aizpurua, diputada de EH Bildu, que, a su entender, lo que el Ejecutivo quiere es favorecer un “estado de excepción digital” ya que tienen la posibilidad de cerrar webs y otros soportes digitales sin orden judicial previa. Aizpurua dijo que con ese decreto “se amplía la ley mordaza a las nuevas tecnologías”. Por su parte, Laura Borrás, diputada de JuntsxCat, calificó al decreto como “ley Corcuera digital”, ya que se pasa “de la ley de la patada en la puerta a la ley Sánchez de patada al servidor”.
Mikel Legarda, portavoz del PNV, consideró que la norma supone una “intervención de hecho” dando razones de “seguridad nacional”. Montserrat Bassa Coll, diputada de ERC, apuntó que no hay “ofensiva represiva” del Estado “podrá parar el tsunami y la voluntad democrática del pueblo catalán”, advirtiendo que: “No habrá estabilidad política mientras no aborden políticamente los conflictos y mantengan la vía represiva”.
Víctor Sánchez del Real, diputado de Vox, manifestado sus sospechas acerca de que el Ejecutivo pretende controlar la opinión al margen de lo que llaman como “la mayoría progre”. También denunció que se les pueda dar “el botón del Gran Hermano mayor” a los probables socios “comunistas” del Gobierno.
Antón Gómez Reino, diputado de Podemos, contabilizó los puntos negativos para su partido del decreto, respecto al intento de recentralización y de controles digitales sin órdenes judiciales, y propuso reformas para el futuro.
Miguel Gutiérrez, portavoz de C’s, calificó el decreto de “chapuza legislativa” aunque ve necesaria la necesidad de controlar la ciber seguridad.
Ana Belén Vázquez Blanco, diputada del Partido Popular, anunció su titular de la jornada: “Durmiendo con tu enemigo, capítulo enésimo”, atacando al Gobierno de esconder en la exposición de motivos que la razón principal es evitar la república catalana digital. Considera además que puede haber dudas respecto a su constitucionalidad.