Este miércoles, el PSOE ha denunciado a VOX ante los Juzgados de Instrucción de Madrid por un supuesto delito de odio por la campaña contra los menores extranjeros no acompañados (MENA), en las elecciones en la Comunidad madrileña.
Dicha campaña, que se inició el martes con un cartel publicitario en el Metro de Madrid con claros mensajes “de odio y racismo”. Su difusión se ha hecho también a través de la web de Vox, programa electoral y las redes sociales de la formación. Tanto a nivel nacional como autonómico.
Para los socialistas se trata de hechos de tal gravedad, que los ha puesto también en conocimiento de la Junta Electoral de Madrid. La intención es que, como garante del legal desarrollo del proceso electoral, acuerde de forma inmediata su retirada del metro de Madrid.
El PSOE sostiene que se vulnera el art. 50.4 de la LOREG, al tratarse de una campaña que contiene “expresiones e imágenes xenófobas y racistas”.
La actuación de los representantes legales del PSOE está, asimismo, en línea con la decisión adoptada por la Fiscalía. Ésta habría abierto una investigación para estudiar si esta acción puede suponer delito de odio.
“Entendemos que con su campaña VOX podría haber incurrido en un delito de odio previsto en el art. 510 del Código Penal”, señala la nota de prensa de los socialistas.
“También consideramos probable la comisión de un delito electoral previsto en el art. 144 de la LOREG, sobre la infracción de las normas legales en materia de carteles electorales”, añaden.
Asimismo, “la actuación objeto de denuncia creemos que puede tipificarse como un delito de odio”. Según el PSOE, está relacionado con un colectivo especialmente vulnerable”, los MENA, “cuya tutela corresponde a las administraciones al hallarse desamparados”.
Una campaña de Vox teñida de un delito de odio
No hay duda, en cualquier caso, que, con el contenido de esta campaña se difunden mensajes dirigidos a provocar, cuanto menos, el odio y la discriminación en relación con los menores extranjeros no acompañados.
Se los relaciona y se les hace responsables de la inseguridad ciudadana, criminalizándolos como colectivo y responsables de un gasto de dinero público.
Al modo de ver de Vox, manifiesta el PSOE, algo en contra de los intereses de los ‘españoles´ en contraposición a los extranjeros. En concreto, las personas mayores.
Aunque la libertad ideológica y la libertad de expresión protegen la libre expresión de las ideas, incluso las rechazables y molestas, en ningún caso tales libertades pueden dar cobertura a la generación de sentimientos de hostilidad, constituyendo por ello, delitos de odio.
En ese sentido, la campaña atenta contra el artículo 6 de Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. En virtud de él, las formaciones políticas están sujetas en su funcionamiento y actividad a los principios democráticos.
Igualmente, a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes, en consonancia con su papel constitucional previsto en el art. 6 de la Carta Magna.
Por todo ello, apuntan los socialistas, “entendemos que Vox está sobrepasando los límites de legalidad democrática. Es necesario que los Tribunales se pronuncien sobre estas actitudes y les pongan fin”, asegura la denuncia.