Dolores Delgado, fiscal general del Estado, ha accedido a prorrogar todas las líneas de investigación sobre el patrimonio del rey Juan Carlos relacionadas con supuestas comisiones internacionales.
Concretamente, las líneas de investigación referentes a presuntas comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca.
Asimismo, por el supuesto uso de tarjetas black sufragadas por un empresario mexicano. Además, las ya largas pesquisas relacionadas con una supuesta fortuna oculta en la isla de Jersey.
Estas líneas de investigación caducaban pronto, por lo que se solicitó prorrogarlas. Finalmente, se amplía el plazo en seis meses.
Según fuentes de la Fiscalía, las pesquisas en torno a las supuestas comisiones por el AVE necesitaban de por sí más plazo. Era necesario prorrogarlo para poder analizar la documentación enviada desde Suiza.
Las autoridades judiciales del país alpino respondieron a la comisión rogatoria respecto a las finanzas del rey Juan Carlos tras su abdicación en 2014.
Otra de las investigaciones es la relacionada con el supuesto uso de tarjetas black por parte del rey emérito y otros miembros de la familia real.
La tercera vía es la relativa a la presunta existencia de una cuenta con 10 millones de euros en la isla de Jersey. Esta línea de investigación ya se prorrogó el 17 de diciembre hasta junio de 2022.
Pese a todo, la intención de los investigadores es no agotar los plazos, pero tampoco que las actuaciones se lleven a cabo con prisas. Según las citadas fuentes, un caso de este calado exige actuaciones prudentes y garantistas, con un meticuloso análisis de la documentación recogida.
Cabe recordar que ya se barajó a finales de verano archivar las diligencias. Los fiscales se basaban en que algunos de los supuestos delitos habrían sucedido cuando Juan Carlos I era inviolable.
En otros casos, los presuntos delitos del rey Juan Carlos habían prescritos o había falta de peso probatorio. Además, los fiscales se apoyaban en que el Rey emérito había hecho dos regularizaciones.
En la primera de ellas pagó casi 700.000 euros y en la segunda más de cuatro millones de euros. Esto no significa que no se le pudiera imputar un delito fiscal, pero la Fiscalía entendió que podrían archivarse las diligencias. Sin embargo, ahora tras estas prórrogas las investigaciones van a continuar.