Esta semana, el decreto que prorroga la excepción ibérica hasta el nuevo año deberá recibir la convalidación del Congreso de los Diputados.
De este modo, este mecanismo que permite limitar el precio de la electricidad, cuya vigencia expira el 31 de mayo, se extenderá siete meses más.
El pasado 28 de marzo, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el decreto para prorrogar la excepción ibérica, tras el acuerdo con Bruselas.
En la ocasión anterior, el decreto recibió 197 votos afirmativos, frente a la abstención de PP y Vox.
El pacto con la Comisión Europea permite extender el mecanismo para España y Portugal hasta el año nuevo debido a que no han mejorado las circunstancias que justificaron su aprobación inicial.
En todo caso, Margrethe Vestager, vicepresidente de Competencia del Ejecutivo comunitario, advirtió entonces de que no podría prorrogarse más allá.
Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, y Duarte Cordeiro, su homólogo de Medioambiente portugués, habían pedido extenderla hasta final de 2024.
Ahora, manteniéndose el mismo marco de guerra en Ucrania y de incertidumbre de la evolución de los precios, no se descarta una nueva prórroga posterior.
De momento, la actual extensión supone, no sólo el beneficio de controlar los precios de la electricidad, sino realizar ciertos ajustes.
Es el caso de las referencias de precios, que hasta su extensión se incrementan en cinco euros al mes. Sin embargo, y hasta la extinción el 31 de diciembre de 2023, los aumentos serán más suaves.
En este momento, el precio de referencia se sitúa en 55 euros/MWh. Con la prórroga, el incremento será de 1,1 euros/MWh desde abril, hasta llegar a los 65 euros/MWh.
Por último, cabe recordar que este mecanismo ha permitido un ahorro de más de 5.100 millones de euros para los consumidores eléctricos en España.
Entró en vigor el pasado 15 de junio y, con esta extensión y su posterior adopción por Bruselas llegará al 31 de diciembre, al menos.