La propuesta de Escrivá para las pensiones

La propuesta para las pensiones de Escrivá

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha lanzado una propuesta para las pensiones, una “válvula de seguridad”, según explicó.

Su propuesta implica una subida de las cotizaciones sociales en el marco de un mecanismo de equidad intergeneracional. El objetivo es alcanzar un nivel de ahorro suficiente en la llamada ‘hucha de las pensiones’ para poder pagar las jubilaciones de los baby boomers. Esto es, en diez años.

Escrivá aseguró este miércoles que su propuesta para las tensiones “no recorta ninguna pensión en ningún caso y en ningún momento”. Es, según explicó, la principal diferencia comparando con el factor de sostenibilidad de la reforma de 2013. Este penaliza a los pensionistas con recortes y especialmente a los más jóvenes.

En declaraciones a laSexta, destacó que “este mecanismo simplemente genera una válvula de seguridad. De la holgura al sistema para reforzar su sostenibilidad”.

No obstante, no entró en detalles acerca de la propuesta que su departamento trasladó este martes a la mesa de diálogo social de pensiones.

Prefiere llegar antes a un acuerdo con los agentes sociales, cuyas negociaciones, señaló, “van bien” y progresan. Pese a ello, comentó que se trata de un mecanismo “contingente y temporal” para reforzar la sostenibilidad del sistema.

Consiste en General o un colchón a partir del fondo ya existente, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la ‘hucha de las pensiones’. A eso añadió que, llegado el momento, podría utilizarse o no en función de varios factores.

Por su parte, fuentes de la negociación señalaron que este fondo de reserva engordará partiendo de subir las cotizaciones en un 0,5% durante diez años.

De este modo, si el gasto en pensiones se desvía más de lo previsto cuando se jubilen los baby boomers, se podrá utilizar esta ‘hucha’. En caso contrario, todo lo acumulado o parte de ello podría utilizarse para rebajar cotizaciones o incrementar las pensiones.

Así, el Gobierno y los agentes sociales disponen de un plazo hasta, el 15 de noviembre, para concretar este mecanismo, según recordó Escrivá.

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