Procesan por rebelión a la cúpula del independentismo

Procesan por rebelión a la cúpula del independentismo

Se fija una fianza de responsabilidad de 2,1 millones de euros solidaria por parte de los 14 procesados.
Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo que investiga el procés en Cataluña ha tomado la decisión de procesar por los delitos de rebelión a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Carme Forcadell, Marta Rovira –huida ayer, supuestamente a Suiza-y a otros seis ex consejeros además a Jordi Sànchez y a Jordi Cuixart. A su vez, Llarena fija una fianza que deberá ser prestada solidariamente por los 14 miembros del Govern procesados: Puigdemont, Junqueras, Forn, Turull, Raül Romeva, Ponsatí, Rull, Comín, Bassa, Borràs, Lluis Puig, Mundó, Vila y Serret. La cifra asciende a 2,1 millones de euros, que corresponde a los 1,6 millones que el juez entiende que se emplearon para costear el referéndum del 1-O, más un tercio de esa cantidad que se añade de acuerdo a la ley para este tipo de fianzas.
El ex presidente de Artur Mas, Marta Pascal, coordinadora del PDeCat, y Neus Lloveras, ex presidenta de la AMI, no serán procesados. Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret también son procesados por delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia. Asimismo, Puigdemont, Junqueras, Turull y los otros seis ex consejeros procesados por rebelión también lo son por malversación, aunque podría incluirse como delito específico de malversación o quedar dentro del delito agravado de rebelión con distracción del caudales públicas.

Cinco miembros de la Mesa del Parlament, procesados por desobediencia
Igualmente, el juez del Tribunal Supremo procesa por un delito de desobediencia a Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, cinco de los miembros de la Mesa del Parlament, además de a Mireia Boya, ex presidenta del grupo parlamentario de la CUP, y a Anna Gabriel, ex portavoz del mismo grupo, huida en Suiza. Horas después, el magistrado revisó la situación procesal de Turull, Forcadell, Rovira, Romeva, Rull y Bassa, tomando la decisión de enviarles a prisión preventiva sin fianza, si bien Rovira no se presentó ante el juez.
En su argumentación para procesar a Puigdemont, Junqueras y Forn por un delito de rebelión, el juez dice que los tres fueron advertidos por responsables de los Mossos D’Esquadra el grave riesgo de incidentes violentos durante la reunión de coordinación policial del 28 de septiembre previa al referéndum ilegal, a la vez de considerar que conocían la gravedad de los hechos sucedidos el 20 de septiembre ante la Consejería de Economía, a pesar de lo cual continuaron con la convocatoria del referéndum, llamaron a la población a movilizarse y propiciaron un operativo policial autonómico de forma que los movilizados pudieran enfrentarse a las fuerzas policiales de Estado. Respecto a Sànchez y Cuixart, el juez Llarena señala que utilizaron sus cargos en las organizaciones pro independentistas para movilizar a cientos de miles, impulsando una masa de fuerza que hiciera frente a las actuaciones policiales destinadas a impedir el referéndum legal, además del papel jugado en las concentraciones del 20 de septiembre, por lo que entiende justificado su procesamiento por rebelión.

Rovira y Turull, procesados por rebelión por su participación esencial
El magistrado considera que Marta Rovira, huida desde ayer, tuvo una “participación esencial” a la hora de idear los mecanismos de actuación, impulsando una legislación de soporte en el Parlament y coordinando sectores de la administración, además de atribuirle responsabilidad para lograr disponibilidad de centros de votación. Respecto a Turull, en su auto dice que impulsó la movilización como portavoz de la Generalitat, gestionó y diseño la inserción publicitaria que el referéndum ilegal, además de coordinar infraestructuras informáticas para la votación y el reclutamiento de voluntarios.
Raül Romeva, por su lado, es procesado por rebelión y malversación de fondos públicos por crear estructuras del Estado e impulsar el reconocimiento de la República Catalana a través de Diplocat en el extranjero, además de hacerle responsable de facilitar la votación electrónica por internet de los ciudadanos catalanes residentes en el extranjero. A su vez, Comín y Bassa son procesados por considerar que asumieron el control de los locales dependientes de sus consejerías para el referéndum ilegal, además de existir pruebas de permitir que sus departamentos asumieran parcialmente el gasto de papeletas, censo y citaciones, por lo que son procesados por rebelión y malversación de caudales públicos.

Ponsatí, Rull y la Mesa del Parlament
A Ponsatí la acusa del control y ocupación de los centros escolares de su competencia y a Rull de participar en reuniones para definir la estrategia independentista, además de impedir que atracara en el Puerto de Palamós un ferry para que se alojaran policías destinados a Cataluña tras el referéndum ilegal. Por su parte, Forcadell tramitó como presidenta del Parlament la legislación que servía de coartada para legitimar el proceso independentista, desoyendo reiteradamente las prohibiciones y requerimientos del Tribunal Constitucional, TC. El juez añade a lo anterior, para considerarla culpable de rebelión, que estuvo en las manifestaciones del 20 de septiembre e impulsó la movilización al día siguiente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, además de poner al Parlament al servicio del resultado obtenido en la consulta ilegal.
Por el contrario, sólo considera censurable por desobediencia a Corominas, Guinó, Simó, Barrufet y Nuet por desatender de manera “tenaz y perseverante” los requerimientos que hizo el TC a fin de impedir o paralizar cualquier acción que conllevará ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones de la Cámara catalana que llevaron a la DUI del 27 de octubre. Con el añadido de delito de malversación, también atribuyó desobediencia a los ex consejeros Borrás, Mundó, Vila, Puig y Serret, estos dos últimos también huidos, como Ponsatí, al haber desatendido los requerimientos del TC, aprobando el decreto del referéndum y autorizando a las consejerías acciones y contrataciones necesarias para ello. Finalmente para las miembros de la CUP, Boya y Gabriel, propone serán juzgadas por desobediencia.

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