Fuentes de la Comisión Europea han manifestado a Diario Progresista su preocupación por la deriva de los gastos públicos y la previsión de déficit, crecimiento y techo de gasto que propone el Gobierno.
El Ejecutivo de coalición aprobó ayer la nueva senda de estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas para 2020-2023. Los objetivos son más flexibles puesto que eleva la previsión de déficit público hasta el 1,8% del PIB en 2020. Igualmente, calcula que será del 1,5% en 2021, el 1,2% en 2022 y el 0,9% en 2023.
La deuda pública se situará en torno al 90% del PIB al final de la legislatura. Asimismo, el techo de gasto, el límite de gasto no financiero, sube hasta el 3,8%, situándose en los 127.609 millones. Ello, como paso anterior a los Presupuestos de este año.
Así ha informado María Jesús Montero, ministra portavoz del Gobierno, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete de los martes. Subrayó que el techo de gasto es “bastante razonable” y garantiza el compromiso del país con la estabilidad presupuestaria. Pero, también, permitirá “imprimir” a las Cuentas las “señas de identidad” del Gobierno.
La prórroga presupuestaria de 2018 es la base sobre la que se ha elaborado el nuevo techo de gasto. Incorpora los gastos asumidos en el pasado ejercicio y resulta inferior al que se intentó aprobar en 2019. Éste contemplaba un alza del 4,4%, a causa de la desaceleración.
Precisamente, explicó Montero, el nuevo cuadro macroeconómico rebaja en dos décimas la previsión de crecimiento hasta situarlo en el 1,6%. Esto explica la nueva senda de estabilidad presupuestaria.
Las nuevas figuras tributarias facilitan aumentar el techo de gasto
A ello se añade que el nuevo límite de gasto no financiero se ha estimado atendiendo a los ingresos previstos gracias a las nuevas figuras fiscales que el Gobierno aprobará. Entre ellas, la tasa Google, la tasa Tobin y la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal. Estás nuevas medidas, matizó, no tendrán carácter retroactivo ni traspasarán la “línea roja” de afectar a la clase media y trabajadora.
Con este nuevo límite de gasto no financiero, insistió la ministra portavoz, se podrá avanzar en los objetivos prioritarios del Ejecutivo. Estos son, enumeró, la reducción de desigualdades; transición ecológica; combatir la pobreza; el reto digital; y la “revitalización” del Estado del Bienestar.
Por otro lado, avanzó que el Gobierno mantendrá contactos preliminares con los grupos parlamentarios para que no prospere ninguna enmienda a la totalidad. Será esto lo que marque el calendario para presentar las Cuentas, cuya aprobación confía el Ejecutivo que se produzca a lo largo del verano. Por ello, las llevarán al Congreso “lo antes posible”.
En ese punto, Montero instó a los partidos a que permitan la tramitación. “Podrán gustar más o menos pero hay que permitir que se tramiten los Presupuestos”, hizo hincapié. Con todo, no se presentarán las nuevas Cuentas hasta que esté asegurado el respaldo mayoritario requerido, citan fuentes del Gobierno.