El Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno, e ‘inventado’ por el PP, dicen los populares, saldrá adelante con el voto favorable de los de Pablo Casado. No es que hiciera falta su apoyo, pero viene bien. De este modo, quedará convalidado el decreto ley de esta medida estrella del Ejecutivo en materia social.
Según argumentan desde Génova, “la renta básica para proteger a los más vulnerables es un intento del PP”. Fundamentan esta afirmación en que las primeras Comunidades Autónomas que implantaron una renta mínima de inserción fueron Galicia y Castilla y León. Otra cosa es cómo la gestionan.
Con todo, los populares pretenden que la norma que regule el IMV se tramite como proyecto de ley para modificar algunos aspectos. Uno de ellos sería establecer un fondo de forma que los ayuntamientos dispongan de dinero suficiente para afrontar el aumento burocrático que supondrá la gestión de las solicitudes.
La propuesta del PP es un modelo de tramitación “pasado en el Ingreso Mínimo Vital que llevamos gestionando dos décadas en nuestras comunidades”.
Por ejemplo, vincularlo “a la búsqueda activa de empleo”. También, centrarlo, “sobre todo, en los afectados por la crisis de la Covid-19”. Asimismo, crear “una tarjeta social única para garantizar la transparencia, la sostenibilidad y el rigor en el sistema de ayudas”.
Se calcula que unas 850.000 personas solicitarán el IMV, lo que supondría reforzar la plantilla de servicios sociales locales de manera importante. El coste se elevaría a unos 200 millones de euros. Los alcaldes consideran que debe ser el Ministerio de Inclusión quien afronte el pago de ese coste. De no ser así, “colapsarían”.
Así lo admiten en las negociaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). De ahí que los populares vayan a presentar una moción en todos los ayuntamientos de España, más de 8.000.
Con ello, pretenden llaman al Gobierno para que garantice que “las administraciones que tengan que gestionar el ingreso mínimo vital cuenten con recursos suficientes”.
En la FEMP en consenso respecto a que una medida estatal no tiene que tensionar la tesorería de los consistorios. De paso, la intención del PP es que los alcaldes socialistas también “se retracten”.