Diario Progresista adelantó el pasado lunes que habría en la lista del PP para las elecciones en la Comunidad de Madrid otros dos casos que podrían ser irregulares por su empadronamiento.
En concreto, hablamos de Ana Vanesa Torrente y Ana Collado, número 56 y 53, respectivamente. El Tribunal Constitucional decidió apartar definitivamente de la lista popular a Toni Cantó y a Agustín Conde.
Pues bien, el PP ha reaccionado a esa decisión de la Corte de garantías renunciando a esa tercera candidatura y aparta a Torrente de la lista.
El Constitucional considera que Cantó y Conde no cumplían con el requisito de haberse empadronado en Madrid antes del 1 de enero de 2021.
Eso a pesar de que la Junta Electoral admitió a ambos en la lista porque en sus DNI sí figuraba un domicilio en la Comunidad. El PSOE lo denunció y el Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid sentenció a favor de la tesis socialista.
El PP se revolvió, recurriendo ante el Tribunal de garantías que se pronunció no sin polémica. Andrés Ollero, Santiago Martínez Vares y Alfredo Montoya, pertenecientes al bloque conservador de esta Corte votaron en contra.
En cambio, Juan José González Rivas, el presidente de la Sala y también conservador, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer lo hicieron a favor de la tesis de la Fiscalía, que informó contra Cantó y Conde.
Balaguer y Conde-Pumpido pertenecen al ala progresista y la primera fue la ponente. El voto de calidad de González Rivas decantó la balanza.
El caso de Torrente es igual que el de los otros ex candidatos. En su DNI figura como fecha de expedición el 29 de marzo. Es decir, mucho más tarde del 1 de enero, que es cuando se cierra el censo y requisito indispensable para figurar en una lista electoral.
Su entrada en la lista fue una petición de Teodoro García Egea, secretario general del PP. En cambio, como destapamos en Diario Progresista, fuentes conocedoras aseguran que más que una petición, fue una imposición.